La aspiración formal de la Junta de Andalucía de hacer del antiguo edificio de Correos un futuro establecimiento hotelero cuenta con un serio enemigo: la Diputación de Málaga. Fuentes del organismo supramunicipal confirmaron anoche a este periódico que el Patronato Provincial de Recaudación ha procedido al embargo de parte del inmuebles por las deudas que mantiene el Gobierno andaluz con los municipios de Málaga. Las mismas fuentes llegaron a a cifrar ese débito en una cantidad cercana a los 9 millones por el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles y de otros tributos en más de setenta localidades de la provincia.

El paso dado por la Diputación se produce meses después de que la Junta anunciara su intención de allanar el camino administrativo para construir un hotel. La hoja de ruta tenía más razón de ser incluso después de saberse que las muchas empresas interesadas en adquirir esta edificación, situada en la Avenida de Andalucía, a escasos metros de la Alameda Principal, se marcaban el objetivo de destinarlo a uso hotelero. Sin embargo, para que ello sea posible, dada la actual consideración urbanística, se necesitaba de una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga. Tarea a la que ya dio inicio la Administración regional. Como publicó este periódico en junio, la postura de Urbanismo era flexible. "Ofrecemos la máxima colaboración y lealtad", llegó a asegurar el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien desveló que meses atrás ya encargó un estudio a los responsables de Urbanismo para analizar los espacios en los que podría compensarse la pérdida de equipamiento que supondría el cambio de uso de la antigua sede de Correos. El problema para la Junta es que cualquier operación se puede frenar ahora con la amenaza de un litigio sobre el edificio.