La Fiscalía de Menores le requerirá a la Delegación de Educación que acredite los medios y recursos de los que dispone para atender a la niña con autismo de Rincón de la Victoria que no asiste a clase desde el pasado mes de marzo. Fuentes cercanas al caso explicaron ayer que los padres ya han comparecido ante el Ministerio Público por la investigación abierta por riesgo de desamparo y que aportaron uno de los informes médicos que acredita su estado de salud y cómo debería gestionarse la reincorporación al sistema educativo. Por lo que, atendiendo a las peticiones de los progenitores, ahora la Fiscalía le solicitará a la administración competente información al respecto.

Los padres le explicaron a la fiscal en su comparecencia que la niña ha sido matriculada en uno de los centros ofrecidos por Educación para "evitar ser denunciados por absentismo escolar", algo que al final ha acabado sucediendo. Según ha podido saber este periódico los padres fueron citados por la Fiscalía ante "la comunicación por falta de matriculación y posteriormente matriculación pero falta de asistencia", aunque no se ha llegado a especificar qué órgano, administración o persona emitió esas comunicaciones. En su comparecencia ante la representante del Ministerio Público le explicaron que "no están dispuestos a llevar a su hija al centro escolar hasta que no se les asegure los apoyos necesarios y la adecuada intervención terapéutica". Los padres le han solicitado una valoración de la niña por parte de Educación, que el protocolo de actuación para la reincorporación de la pequeña a clase se realice de manera consensuada y que se acrediten los recursos de los que dispone el colegio.

El abogado de la familia, Jesús Marín, considera que ya estamos ante un caso en el que la Fiscalía de Menores "tiene que velar no sólo por la educación de la menor sino también por su salud". El letrado aclara que la familia aportada otros informes médicos que complementan el ya aportado, que considera contundente: "dice que la niña tiene que ser escolarizada con los recursos necesarios y con un programa de reincorporación realizado con la necesaria colaboración de los profesionales médicos que la siguen".

La menor dejó de asistir a su colegio, el Gregorio Marañón de La Cala del Moral, el día después de que sus compañeros la plantaran en clase. Los padres iniciaron una huelga que previamente habían comunicado a la dirección del centro, por las presuntas agresiones que sus hijos venían sufriendo por parte de la menor. Los médicos recomendaron entonces que abandonara el colegio. De hecho, los padres se han visto obligados a cambiar de domicilio por la cercanía con el centro.