Los propietarios de los terrenos industriales asentados junto a la desembocadura del río Guadalhorce, incluidos bajo la huella de inundabilidad en vigor desde finales del año pasado, asumen con dudas los últimos movimientos en torno a futuro de estos suelos. Los interrogantes surgen después de que, como desveló ayer este periódico, los técnicos de la Dirección General de Aguas informasen se comprometiesen con el Ayuntamiento de Málaga a dejar en sus manos la emisión de licencias para posibles desarrollos en parcelas de suelo urbano consolidado, a pesar de que se encuentren dentro de la zona inundable.

Para los empresarios de los polígonos, esta decisión puede esconder una letra pequeña de valor indudable, al entender que lo que hace la Junta de Andalucía con este planteamiento es "echar la pelota en el tejado del Ayuntamiento". Una institución que, a su vez, eso temen los empresarios, acabarán exigiendo a los propietarios que asuman las posibles consecuencias que puedan producirse en caso de avenidas.

El abogado de la Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma), Manuel Jiménez, fue claro en este sentido, recordando la existencia de un artículo en el plan hidrológico nacional, el 34, que especifica claramente que 2en zonas inundables, sin diferenciar el tipo de suelo, no se podrá permitir ninguna nueva construcción ni siquiera temporal". "La ley dice lo que dice e imagino que los técnicos municipales tendrán que hacer lo que marca el plan hidrológico", apostilló.

Jiménez admitió su sorpresa tras atender a las declaraciones del concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, quien la pasada semana mantuvo un encuentro en Sevilla con los responsables autonómicos. "La impresión es que al final el Ayuntamiento le va a pasar la responsabilidad a los empresarios", dijo.

¿Cómo? Una manera, apuntó el abogado, es mediante la firma de un documento en el que asuman tener conocimiento de que la parcela en la que pretenden construir está incluida en zona inundable, con lo que se harían responsables de los posibles daños ocasionados. Por ello, como experto en la materia, mostró sus dudas en que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo encargados de informar sobre una petición de licencia en estos espacios "digan que no pasa nada, que siendo inundable, que estando aprobado por un real decreto, con una orden de la Junta en vigor, que digan que pueden dar licencia... Es un poco raro", manifestó.

"Eso es muy duro, porque los seguros no les cubrirían nada en esos supuestos; lo que veo es la ley y lo que dice es claro", insistió, al tiempo que subrayó la necesidad de que las administraciones asuman sus responsabilidades, en el sentido de impulsar la ejecución de las obras consideradas como necesarias para minimizar el riesgo de inundación, caso de la sustitución del puente de la antigua N-340 y el posible recrecimiento del encauzamiento.

Para Jiménez, con este movimiento, la Junta "se quita la pelota", al rechazar la necesidad de emitir informes ante la petición de licencias sobre suelo urbano consolidado. "Eso no soluciona el problema; sí, que se hagan las medidas correctoras", apostilló. En este sentido, llamó la atención sobre la escasa concreción que incluye el plan hidrológico nacional sobre estas intervenciones.

El presidente de Apoma, Sergio Cuberos, que destacó la necesidad de aclarar los términos ahora conocidos, ratificó la posición del letrado, al considerar que se pretende dejar caer sobre el empresario la responsabilidad última de cuanto ocurra sobre una zona en el supuesto de quiera construir en la misma. "Como presidente de los parques prefiero que todo el mundo piense que todo está igual, para que no se pare la actividad, pero como empresario lo que necesito es que la gente asuma la responsabilidad que coge porque las administraciones están soltándola a los propietarios", señaló.