Errejón presenta alegaciones el día que acaba su contrato con la UMA

Alberto Montero, miembro de la dirección nacional de Podemos, presentó ayer, en nombre del secretario de Política de este partido, Íñigo Errejón, alegaciones contra la suspensión provisional de empleo y sueldo que le impuso la Universidad de Málaga al encontrar indicios de incumplimiento del contrato que le ligaba a ella como investigador externo y de vulneración de la Ley de Incompatibilidades.

El responsable político formalizó el trámite el mismo día en que finalizaba la vinculación de Errejón con la institución académica a través de un proyecto de investigación sobre vivienda que cuenta con financiación de la Consejería de Fomento y Vivienda y que estipulaba un sueldo de 1.825 euros brutos al mes por 40 horas semanales. De esta forma, Montero, según confirmo a este periódico, elevó un escrito con su defensa poco antes del mediodía ante el registro general de la Universidad, para lo que contaba con un plazo de 10 días hábiles desde que recibió la resolución. En cuanto al contenido, rehusó precisar los detalles por razones de confidencialidad.

Ahora, los servicios jurídicos de la UMA estudiarán las alegaciones que han sido recepcionadas y los argumentos esgrimidos, aunque, por el momento, la suspensión cautelar de sus funciones sigue adelante. Respecto al expediente disciplinario que a Errejón y a Montero (en su caso relacionado con su obligación de supervisar y controlar el cumplimiento de la tarea como responsable del proyecto) la Universidad les abrió, el plazo del que disponen para presentar un recurso es de un mes a contar desde la fecha en que ambos accedieron a la resolución. Montero indicó que, por su parte, una vez que reciba el pliego de cargos tomará una decisión.

En cualquier caso, el contrato del secretario de Política de Podemos concluyó ayer -después de que comunicara que no seguiría formando parte del proyecto- independientemente del curso del expediente disciplinario abierto, que continuará su tramitación.

Desde Podemos informaron de que las alegaciones se han motivado por la "evidente desproporción de las medidas administrativas asociadas a este caso", por adolecer "de defectos formales y procedimentales que pudieran haber causado indefensión".

La formación política, que cree que Errejón ha entregado en orden todos sus trabajos, añade que esa medida sería "de todo punto improcedente por inaplicable", dado el fin de la vinculación laboral, por lo que entiende que el expediente será automáticamente archivado.

El informe de la Inspección de Servicios elevado a la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, reflejaba que la decisión de suspender de sus funciones a Errejón se basaba en dos "faltas disciplinarias" por "no haber desarrollado su trabajo conforme a los términos y cláusulas" establecidas en su contrato ni tampoco pedir la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas durante su vigencia". Tras conocerse, el político atribuyó a un "error administrativo" el no haber entregado, por un "despiste" suyo, un documento en el que debía solicitar dicha compatibilidad.