"Espero que el sector no vuelva a los números de antaño; era una locura"

Quizás solo sea coincidencia, pero la llegada de Emilio López a la presidencia de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga ha venido acompañada de su particular pan bajo el brazo. Aunque las cifras desde principios de año a esta parte ya mostraban una cierta mejoría en el sector inmobiliario, la realidad es que en los casi tres meses que lleva como máximo responsable los indicios siguen creciendo. El enfermo parece iniciar su particular mejoría. Ello no esconde, como reconoce, que aún queda por delante un periodo de normalización. 2016, en cualquier caso, se asoma como año de nuevos proyectos. Otro cantar es el de la construcción. Tras unos inicios prometedores del curso presente, coincidiendo con las elecciones autonómicas y municipales, de nuevo la inversión de las administraciones en obra pública se desfonda.

-Lleva usted apenas tres meses en el cargo. Y son meses que, por los números, muestran la mejoría del enfermo. ¿Las cifras dan buena muestra de la realidad que palpan los empresarios del sector?

-Me gustaría que con mi entrada viniese una época buena. Hay indicios de que va mejorando el sector.

-¿Se atreve a poner una fecha para esta recuperación? ¿Ve posible volver a los parámetros de antes de la crisis?

-A los números de antaño espero que no volvamos, porque era una locura. El sector tiene que profesionalizares más. En el sentido de que se tienen que hacer las cosas como siempre. El empresario tiene que implicarse poniendo dinero para el desarrollo del producto; la banca ha de estudiar bien los productos y apoyar a quienes tienen seguridad de que van a poder salir, y tiene que exigir a los compradores que tengan la capacidad de compra. Eso es para lo que deber servir la crisis que estamos terminando. Y eso se está haciendo así.

-Habla de locura... ¿Cómo se explica desde el punto de vista de los promotores?

-Éramos todos los sectores. Había muchos promotores que no eran profesionales. Se generaba tanto dinero con la promoción inmobiliaria que cualquiera entraba. Y ese que no era profesional lo que estaba viendo es que si él no compraba el solar el de al lado lo haría. El promotor profesional lo que hacía era ver que a un precio determinado no podía comprarlo y se retiraba. Esa dinámica hizo que creciese el precio de los solares. A eso se sumó que el comprador de la vivienda tampoco decía que a los precios que se manejaban no podía comprar, sino que estaba animado. Incluso había pequeños inversores que compraban dos o tres pisos porque inmediatamente los podían vender por más de lo que habían pagado. Esa dinámica es la que es mala. El que compre tiene que saber hasta dónde puede pagar.

-Quizás esos promotores no profesionales acabaron por generar la imagen de sospechoso habitual sobre todos los profesionales del sector.

-También la banca animaba, porque no sólo concedía el préstamo que se necesitaba para comprar una vivienda, sino que acababa incluyendo otros bienes. Las propias administraciones, porque con tal de generar más licencias, tampoco llamaban la atención a la sociedad. Estábamos entrando en una dinámica que no podía ser. Es verdad que cuando empezó la crisis se echó la culpa al ladrillo como único responsable del problema, pero no sólo están los promotores, también la banca y la propia administración.

-¿Los que quedan ahora en el sector es gente seria?

-Ha caído tanto el sector que los que quedan son los profesionales. Puede haber muchos que han caído porque la crisis les pilló con el paso cambiado, con producto que no pudieron vender pero a un valor muy inferior para poder atender a las deudas que tenían. Pero en general el promotor profesional ha intentado pagar la deuda con la actividad que desarrollaba.

-Tras las estadísticas hay historias humana en esos promotores. ¿Qué le cuentan esos profesionales se han visto arrastrados por la situación?

-Se lleva muy mal, porque todo lo que han generado durante toda su vida en cuestión de meses lo han perdido. De tener una vida holgada a estar en la indigencia total porque no puedes atender las deudas que tienes contraídas. En circunstancias normales hubiesen vendido sus viviendas, se hubiesen desecho de las deudas, pagado a los proveedores...

-¿Está convencido de que todo eso no se volverá a repetir?

-No creo que en diez o quince años se repita. Pero es verdad que los humanos somos tercos. Es la propia persona la que tiene que ser sensata y ver si puede o no hacer algo.

-¿Cuántas viviendas reconoce el sector que hay en stock en estos momentos en la provincia de Málaga? ¿Y cuándo cree usted que quedará aliviada de manera definitivamente esta bolsa residencial?

-Nadie puede saber con seguridad cuantas viviendas hay. Pero usando las estadísticas del Ministerio de Fomento ahora puede haber unas 7.000 o 8.000 viviendas pendientes de vender en Málaga. Con ese volumen sí hay necesidad de más viviendas. En Málaga estimamos que se pueden necesitar entre 15.000 y 20.000 viviendas al año. Con el stock que hay se necesitan nuevas actuaciones. Lo que sí notamos es que las inmobiliarias de los bancos están terminando las promociones que tenían programadas y algunos promotores privados están empezando a gestionar licencias para iniciar el año que viene la obra. Son señales de reactivación.

-Los datos de inversión pública en la provincia de Málaga por parte de las administraciones públicas siguen dependiendo de la cercanía o no de elecciones.

-Ha habido más actividad en la construcción pero por el movimiento de los promotores privados. Pero la inversión pública es verdad que inició el año con una subida. Nos ilusionamos porque pensamos que iba a mejorar este año, pero pasadas las elecciones autonómicas y locales se ha quedado totalmente parada. Los números de este año van a acabar iguales que los de 2013 y 2014, que han sido los mínimos en la provincia. El Gobierno no parece que esté activando grandes inversiones.

-¿Para los profesionales es entendible ese barniz político al uso del dinero público en materia de infraestructuras?

-Para nosotros lo razonable, aunque es difícil, es que las elecciones no influyan en las inversiones públicas, que tendrían que está programadas. Al final, de lo que la Administración invierte acaba recuperando entre el 40% y el 60% en seguros sociales, en impuestos... No debe ser un tema que se use electoralmente para ganar votos.

-¿Cuántas personas pueden estar vinculadas al sector de la construcción?

-El número de afiliados a la Seguridad Social se sitúa en unos 35.000, pero hemos llegado a estar en 100.000 trabajadores en la provincia. Era una época del boom inmobiliario. Pero 50.000 o 60.000 trabajadores debería poder volver a tener. Entendemos que lo ideal es que las inversiones que muevan las administraciones en la provincia deben estar entre los 1.000 y 2.000 millones anuales.

-La licitación del tramo del Metro hacia la Alameda permitió comprobar cómo incluso las grandes constructoras acaban rebajando de manera sustancial sus ofertas económicas con el fin de obtener la adjudicación. ¿Es razonable?

-Estamos yendo al mínimo que se puede ejecutar la obra y en algún caso se llega a perder dinero con tal de mantener la estructura de la empresa. No creo que sea bueno para el sector, pero el momento lo exige. El que todas las empresas en ese caso fuesen a una baja parecida indica que después de estudiar las obras ése podía ser el valor, pero es verdad que se ha ido al mínimo para poder ejecutar la obra. En otros casos, y hay una gran mayoría de licitaciones, la necesidad de poder tener trabajo lleva a muchas empresas a licitar por debajo del coste, pensando que mientras va a haciendo esa obra llegarán tiempos mejores y podrá recuperar esas pérdidas. Eso es malo para el sector. Si la actividad se recupera debemos empezar a ser empresas sensatas y competir con el precio justo que tenga la obra.

-¿Cuál es la principal demanda que hace la ACP a las administraciones públicas? Hace unos días coincidía con el señor Beteta. ¿Cuál es la situación de deuda que mantienen en estos momentos los poderes públicos con las empresas de la construcción?

-Es verdad que con el pago a proveedores las deudas han bajado, quedan otras que habrá que resolver vía acuerdo o vía judicial. También pedimos que cuando cualquier administración saque una licitación a concurso disponga del dinero y que lo use para el pago de esta intervención. La mayoría ya aplica esta filosofía. Y otro añadido es que el pago que tienen que hacer a 30 días realmente se produzca. La mayoría viene a decir que están por debajo de ese plazo o por debajo de los 60 días. Pero eso es una media. Creo que están muy por encima de los 60 días de media todas las administraciones.

-¿Hay alguna administración con más problemas de pago?

-Siempre había sido el Gobierno el mejor pagador, después las autonomía y después las locales; ahora mismo el Gobierno sigue siendo buen pagador, los ayuntamientos han mejorado, pero la Junta no es buen pagador.