Estepona ha sido el primero; Marbella, sigue el mismo camino. El futuro de los empleados laborales dependientes de los ayuntamientos de la provincia de Málaga empieza a quedar en entredicho ante la necesidad de muchos gobiernos municipales de recortar de forma drástica sus gastos para, entre otros motivos, hacer frente a las aportaciones recibidas del Gobierno central para pagar a sus proveedores. Estas dos localidades de la Costa del Sol, gestionadas por alcaldes del Partido Popular, dibujan una senda que, conforme a los preceptos incluidos en la nueva reforma laboral, podrían tomar otras corporaciones locales en el actual escenario económico.

Ese es precisamente el temor que tienen los principales sindicatos, que creen que la amenaza ya planteada sobre 190 empleados en Estepona y anunciada para otros 260 en Marbella puede extenderse sobre otras instituciones locales. Sin bien, según apuntan desde las centrales sindicales, la normativa vigente permite incluso actuar contra los funcionarios, "amortizando la plaza y obligando a la excedencia forzosa", la realidad es que el colectivo sobre el que pesa la espada de Damocles es el personal laboral, grupo que acoge a casi el 70% de los trabajadores vinculados a los 101 ayuntamientos malagueños y a la Diputación.

Al respecto, la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Comisiones Obreras, Rosa Rodríguez, elevó a unos 17.000 los empleados con esta consideración, a los que sumar otros 8.000 funcionarios. De acuerdo con la información que se maneja en el sindicato, los dos únicos casos en los que la advertencia parece concretarse son los ya apuntados, aunque no descartan que se sumen más casos. "En Coín y en la Diputación se habla de recortes, pero no se habla claramente de despidos, una palabra que tememos puede salir en cualquier momento", explicó Rodríguez.

A que el miedo a los despidos no se extienda ayuda el que en la inmensa mayoría de los ayuntamientos aún no se han conformado las mesas de negociación, en las que han de abordarse precisamente los ajustes necesarios en esas administraciones. Ejemplo de ello es el Ayuntamiento de Málaga capital, donde las conversaciones siguen sin iniciarse de manera formal. El representante de UGT en la Casona del Parque admitió este detalle, a pesar de lo cual sí apuntó que el compromiso del alcalde, Francisco de la Torre, pasa por no tocar la plantilla del Consistorio. Ésta está integrada por unos 2.900 trabajadores, de los que 400 son laborales. Queda la duda de si el equipo de gobierno del PP tratará de ajustar las condiciones laborales y en qué sentido.

Eso es precisamente lo que ha sucedido en Marbella, donde el equipo de gobierno poner sobre la mesa el despido de 260 trabajadores no como la primera opción a llevar a cabo, pero sí como alternativa en caso de que los sindicatos rechacen las medidas de ajuste necesarias para lograr un ahorro de 9 millones de euros. Y, por el devenir de los acontecimientos, no parece descabellado que al final el Ayuntamiento opte por la amortización de plazas, dado que los representantes de los trabajadores se oponen a, por ejemplo, propuestas que pasarían por reducir la jornada laboral y los sueldos en un 20%.

Todo ello, según la secretaria general de FSC de CCOO, cuando se da la circunstancia de que el Consistorio mantiene "privatizado" el servicio de poda, con un coste de 1,5 millones, "labor que podrían realizar los empleados municipales", y de que el capítulo de Personal tiene un gasto superior al de 2010, a pesar de la aplicación de la rebaja salarial del 5% en la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Otro de los escenarios donde hay puestos muchos focos, ante la duda de lo que pueda suceder, es en la Diputación provincial, donde el equipo de gobierno viene poniendo el acento desde hace algunos meses sobre los "privilegios" que a su juicio tiene la plantilla de la institución, con el fin de "adaptar" las condiciones laborales a los momentos actuales. Entre los recortes, por ejemplo, se habla de la eliminación de las ayudas que se aportan para la compra del DIU (método anticonceptivo) o el pago del dentista.

A estos elementos se suma, según Rodríguez, el efecto negativo que puede tener en los próximos meses el recorte que la Junta de Andalucía va a aplicar a las partidas de servicios sociales comunitarios y políticas activas de empleo. "Ese dinero llega a los ayuntamientos para contratar a personas", expuso. Y sin el mismo, estas relaciones laborales pueden desaparecer en un corto plazo.