Estepona ha tenido 11 alcaldes desde 1979 y ha sufrido dos mociones de censura. Ha habido encierros de concejales en el Ayuntamiento, un alcaldable llegó a estar 11 días en huelga de hambre y los jueces tuvieron que convocar un pleno. La vida política siempre ha sido convulsa. En ocasiones sainetesca.

Antonio Murcia fue el primer alcalde democrático de Estepona. En 1979 sorprendió a todos al hacerse con la Alcaldía de la mano del izquierdista Partido de los Trabajadores de Andalucía (PTA). Apenas llevaba 20 meses con la vara de mando en su poder cuando todos los concejales de la oposición y dos de su propio partido se encerraron en el Ayuntamiento para pedir su destitución. Le consideraban "incapaz" para gobernar. Y esto era sólo el comienzo.

Murcia logró acabar aquella legislatura, sorteando incluso una moción de censura, pero en 1983, al frente del Partido Comunista, le faltaron 150 votos para alcanzar la mayoría absoluta. Y a esos 150 votos se aferró el PSOE con Miguel Castro a la cabeza para formar gobierno en alianza con la Democracia Cristina, tres independientes y dos concejales del PTA.

El berrinche en las filas comunistas fue supino. Los diez concejales del PCE se encerraron en el Ayuntamiento y Murcia mantuvo durante 11 días una huelga de hambre. Hubo manifestaciones y algaradas callejeras. La Policía Nacional tuvo que acudir una madrugada a escoltar a Miguel Castro, recluido en su despacho municipal. El momento más espectacular de aquel sainete se produjo en la feria. "Bajaba con mi marido y los niños y nos sorprendió el jaleo. Subía Antonio Murcia con una muchacha que él y sus simpatizantes habían elegido reina de las fiestas seguidos por una marabunta de gente y un tipo con un radio casete grandísimo al hombro", cuenta Ana, una vecina del pueblo.

En efecto, el PCE había decidido montar un ayuntamiento paralelo y el primer golpe de efecto fue elegir su propia reina de las fiestas, mientras el alcalde presidía la elección de la reina oficial.

La situación fue tal que una delegación del PCE de Estepona fue hasta La Moncloa a pedir la mediación de Felipe González y los diez ediles de esta formación fueron procesados en una causa luego archivada por supuesto desacato con injurias y calumnias al alcalde. Por fin el partido comunista logró reunir fuerzas y presentar una moción de censura.

Pero pasaron 17 meses sin que se convocara el pleno extraordinario para debatir la moción de censura y, finalmente, tuvo que ser la Audiencia Territorial de Granada la que obligó a convocar la sesión, que le dio la alcaldía en 1986 a Manuel Sánchez Bracho, del CDS, apoyado por el PCE. Sánchez Bracho volvió a ser elegido alcalde en las elecciones municipales de 1987 y gobernó hasta que en 1991 fue reelegido Miguel Castro.

Gil Marín irrumpió en escena en 1995 y marcó un antes y un después. La convulsión que hasta entonces había vivido Estepona era exclusivamente política por muy dura y encendida que hubiera sido la batalla.

"Eran personas sencillas y trabajadoras. No tenían nada que ver con lo que vino después, con Jesús Gil", explica Ana. En efecto, Antonio Murcia había llegado al pueblo como profesor de Matemáticas, Manuel Sánchez Bracho también era maestro y Miguel Castro, pintor. "Nosotros éramos políticos y los problemas que hubo tenían origen ideológico porque no podías apoyar a tal o cual por sus ideas. Después llegó la política de los negocios y aquello ya fue otra cosa", recuerda Miguel Castro.

En efecto, en 1995 Jesús Gil Marín ganó las elecciones municipales y exportó el modelo de gobierno que su padre había instalado en Marbella. Los alcaldes de pueblo fueron sucedidos por los alcaldes/ejecutivos con trajes de buen corte e ínfulas de grandeza.

"El GIL nos sedujo y cuando nos dimos cuenta ya estábamos en la boca del lobo", reconoce Ana, que prefiere no dar más pistas de su identidad "porque aquí nos conocemos todos".

Gil Marín implantó un estilo. "Era el modelo de la especulación, el de entender lo público como una vía para el enriquecimiento particular y lo peor es que muchos copiaron ese estilo desde otras siglas", se lamenta hoy día Miguel Castro, que ya no se llegó a medir con Jesús Gil en las urnas. El candidato socialista de 1995 fue Antonio Caba, entonces un joven abogado, de una familia asentada del pueblo. Llegaba el relevo. En el sexto lugar de su lista electoral Antonio Caba colocó a su amigo, el médico alergólogo Antonio Barrientos, entonces un perfecto desconocido.

Hacía sólo cuatro años que Barrientos había acudido al programa de televisión Vivan los Novios de Telecinco. Nada tiene que ver aquel joven de mentón afilado que buscaba pareja en la tele seduciendo con una vida sencilla en una casa de campo con animales, con el hombre de rostro abotargado que el viernes era conducido a la cárcel.

En las elecciones municipales de 1999 Gil Marín no logró respaldo suficiente para gobernar y un pacto a tres bandas (PSOE, PA e Izquierda Unida) entregó la alcaldía al socialista Barrientos. La gestión que dejaba detrás el GIL se resumía en deudas superiores a los 4.600 millones de pesetas (27,6 millones de euros) con Hacienda y la Seguridad Social, créditos bancarios por valor de 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros) y 10.000 millones de pesetas (60 millones de euros) pendientes de pago a proveedores.

El Tribunal de Cuentas confirmó el pasado mes de abril los peores augurios de aquella etapa al condenar a tres concejales del GIL por alcance contable. Entre ellos estaba José Ignacio Crespo, el superviviente del gilismo en Estepona.

Pero Caba aguantó poco. Apenas había pasado un año desde que tomó posesión de su cargo, con un deslumbrante traje blanco de recuerdo imborrable, cuando en abril de 2001 abandonó el cargo, acusado de blanqueo en una causa en la que finalmente fue absuelto por el Tribunal Supremo.

El relevo lo tomó su amigo Barrientos, que pocos meses después, en noviembre de 2001, fue también desalojado de la alcaldía gracias a una moción de censura que interpuso el PP con el apoyo de siete de los nueve concejales del GIL y que dio la alcaldía a Rosa Díaz, mientras los socialistas se echaban las manos a la cabeza por la traición de los populares al romper el pacto anti GIL.

Sin embargo, en 2003 el PSOE recogió los restos del naufragio del gilismo que se habían reagrupado en el Partido de Estepona (PES), con José Ignacio Crespo a la cabeza, y, respaldado también por IU y su incombustible concejal Antonio Murcia, Barrientos recuperó la alcaldía de la localidad.

Fue este un mandato de sospecha permanente. En 2007 Estepona ya no era el pueblo que gobernaba Antonio Murcia en 1979. La población se había triplicado hasta llegar a los 60.000 habitantes de derecho y las parcelas agrícolas de antaño eran ahora los vergeles del ladrillo.

En medio estaba también el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, un documento que todavía no ha salido adelante y que contempla suelo suficiente para levantar unas 80.000 nuevas casas en un pueblo con un parque residencial de 35.938 viviendas.

El municipio todavía tira del PGOU de 1994, que ha sufrido decenas de modificaciones. Barrientos, incluso, intentó sortear las restricciones de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) tratando de aprobar dos días antes de que entrara en vigor la nueva norma 13 convenios urbanísticos que le hubieran reportado 24 millones.

La estructura municipal se ha agigantado. Estepona tiene ahora 1.300 empleados dependientes de la Administración local que le cuestan al año cerca de 53 millones. Y las arcas municipales no siempre tienen dinero disponible para pagar los salarios. Uno de los recursos más populares han sido las donaciones.

Así llegó Barrientos a las elecciones de mayo de 2007, donde por fin el PSOE se desprendió de los herederos del GIL y cerró un acuerdo de Gobierno con PA e IU al que hace poco se sumó la independiente Rosa Díaz. Hasta que el viernes Barrientos ingresó en la cárcel.