Familias saludables (a la fuerza)

La situación se desarrolló como sigue: después de haber conocido algunas quejas y algunos testimonios cercanos, el periodista decide acercarse al centro deportivo GoFit de Segalerva, inaugurado oficialmente el pasado lunes, y guarda su puesto en la cola para pedir información. Llegado el turno, pregunta a una amable recepcionista sobre las actividades que ofrecen las instalaciones para "usuarios infantiles". La joven pregunta por la edad del usuario en cuestión, que es exactamente de 4 años, y entonces indica que los menores de 16 años sólo pueden inscribirse si "la pareja" está abonada al centro. "¿Cuándo dice pareja se refiere al padre y a la madre?" "Sí". "¿Los dos?" "Sí". "¿No es suficiente con uno solo?" "No, deben estar los dos". La joven informa entonces sobre las tarifas de los abonos mensuales: 10,08 euros para los menores de edad y 61,62 euros para la "pareja". En total 71, 70 euros. El periodista insiste en que no quiere inscribirse, sólo traer a su hijo. Se compromete incluso a permanecer en el centro mientras el pequeño realiza los ejercicios, pero no cree que tenga que pagar por ello. "No puede ser". El periodista ve así confirmado el motivo de las quejas que no pocos usuarios han manifestado en aquel mismo stand de información desde que se abrió el plazo de inscripción. Pero las quejas, en este caso, quedan amparadas por una circunstancia decisiva: este centro, así como el otro que la misma cadena ha abierto en Huelin, se construyeron en suelo público tras una concesión municipal, lo que compromete a la empresa (o debería) a brindar oportunidades y tarifas en el orden de un servicio público.

El periodista hace saber a la recepcionista que vive separado de su esposa, quien reside actualmente en otra ciudad. "En tal caso, debe traer el libro de familia y una confirmación oficial, y pagaría sólo la tarifa individual [43,69 euros]". "Entonces, ¿tengo que divorciarme para pagar la tarifa que realmente se correspondería con el uso que haríamos del centro?" "Sí. Lo siento".

El siguiente paso consiste en hablar con el gerente del centro, Óscar Quintas, a quien se le traslada la situación. Quintas afirma que todos los centros GoFit siguen este "modelo de abono familiar" ya que "nuestra prioridad es precisamente el bienestar de los menores de edad, y no hay mejor modo de garantizarlo que con la presencia de los padres". "Pero, ¿tienen que estar los dos abonados?" "Sí, es lo mejor. Tenemos muchos años de experiencia y lo hemos comprobado". "¿Y si el matrimonio vive separado? ¿Y si uno de los dos vive en otra ciudad?" "Las situaciones familiares son siempre demostrables. Es como cuando pagas una tarifa de jubilados, tienes que demostrar que estás jubilado". "Pero la única demostración que aceptan es un libro de familia. Si el matrimonio no puede acudir al centro en Málaga porque uno de ellos reside, pongamos, en Barcelona, las tarifas no son justas". Entonces, el gerente admite que los bonos familiares se habían quedado "desfasados" pero afirma que ya han sido debidamente "actualizados" para atender "a todos los modelos familiares, incluidos los monoparentales, siempre que estén legalmente constituidos". El periodista le pregunta por la posibilidad de que uno de los progenitores presentara una discapacidad que le impidiera practicar los ejercicios que ofrece el centro, y Quintas responde: "Esos casos no son habituales, pero en todo caso tendrían que pagar el abono familiar los dos progenitores". Preguntado sobre si estas tarifas y abonos fueron negociadas con el Ayuntamiento, al tratarse de una concesión municipal, el gerente recuerda que el Consistorio abrió un concurso público "y escogió la propuesta que más le convenía. No hubo que negociar nada porque la elección se hizo de antemano".

El tercer paso consiste en exponer el caso al concejal de Cultura, Turismo y Deporte, Damián Caneda. En una primera conversación lo atribuye a un malentendido. En la segunda, cuando se le confirma el procedimiento, Caneda considera primero "lógico" pedir a los padres que acompañen a los menores. Pero el periodista le recuerda que el centro no pide a los padres que acompañen a sus hijos, sino que se abonen, y no uno solo, sino el padre y la madre. Finalmente, Caneda admite que tratándose de una concesión municipal la situación "no es normal" y promete estudiarla. Continuará.