El pacto que intentan cerrar la Fiscalía y los ex ediles del GIL imputados en delitos urbanísticos para agilizar los casos por licencias ilegales en Marbella y concentrar las penas, pendiente de recibir el visto bueno de los órganos superiores del Ministerio Público, contempla tres condenas diferentes de seis, nueve y 12 meses de cárcel por delito en función de la Corporación a la que pertenecieron los acusados. Según fuentes cercanas a la negociación, la de 1995 estaría en lo más alto de la tabla, con un año de prisión, seguida por la de 1999 y la de 2003, que es la que presidió la ex alcaldesa, Marisol Yagüe. El Código Penal prevé hasta dos años de cárcel para este tipo de delito.

Los grupos se han establecido por los años de gobierno en el Ayuntamiento, circunstancia vinculada a si los concejales de turno autorizaron el proyecto básico de las obras o el de ejecución. Según dijo ayer el abogado Ernesto Osuna, uno de los aspectos que habría tenido en cuenta la Fiscalía para castigar con una pena más alta la actuación de los ediles de la comisión de gobierno de 1995 es que aprobaron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, el promovido por Jesús Gil que nunca fue aprobado por la Junta y que dio cobertura a todas las licencias ilegales de Marbella.

El objetivo del pacto es agilizar las causas porque existe un límite legal de cumplimiento de condena, ya que los delitos urbanísticos se consideran conexos. El Código Penal establece que ese tope de condena sería el triple de la pena impuesta, es decir, en caso de que el acuerdo se cierre en los términos actuales, los ex concejales cumplirían un máximo de tres años, 27 meses o 18 meses de prisión, según el caso.

Este acuerdo aún no está cerrado y debe recibir el visto bueno de la Fiscalía Superior de Andalucía y la Fiscalía General del Estado. "Va avanzando, pero las cosas de palacio van despacio", apuntó Osuna. Otras fuentes cercanas a la negociación indicaron que uno de los escollos para culminar el acuerdo es la exigencia del Ministerio Público de que todos los afectados, independientemente del grupo en el que se encuentren, deben ingresar en la cárcel, aunque sea por poco tiempo. El futuro pacto se ciñe exclusivamente a los casos por delito urbanístico, se limita a las licencias ilegales y no afecta al resto de procedimientos en los que están imputados algunos ex concejales de Marbella, como Malaya o las investigaciones de los convenios urbanísticos que dirige la Fiscalía Anticorrupción.

Mientras tanto, las citas judiciales continúan para los ex concejales. Ayer se sentaron en el banquillo de los acusados del juzgado de lo Penal número 6 el ex alcalde Julián Muñoz y otros ocho ex ediles por conceder una licencia a la empresa Proinsa para construir una promoción de viviendas en un suelo clasificado como zona verde deportiva. El resultado fue similar al de la última vista, celebrada en enero pasado, y los acusados se conformaron con la petición formulada por la Fiscalía, motivada por las negociaciones en las que están enfrascadas ambas partes.

Julián Muñoz, Manuel Calle, Marisa Alcalá y Dolores Zurdo fueron condenados a un año de cárcel, pena que en el trámite de ejecución se conmutó por una multa de 7.200 euros (24 meses a 10 euros diarios). Rafael González, José Luis Troyano, Tomás Reñones, Javier Lendínez y José Luis Fernández Garrosa fueron penados con nueve meses de prisión, sustituibles por una multa de 5.400 euros (18 meses a 10 euros diarios). La juez, Juana Criado, también declaró la nulidad de la licencia y explicó a los procesados que el juzgado "no tiene inconveniente" en que la multa se pague a plazos.

El propio Ernesto Osuna, tras la conformidad de los acusados, explicó que las penas impuestas van en la línea de lo que recogerá el futuro acuerdo que los abogados defensores negocian con la Fiscalía. Aclaró también que uno de los ex ediles condenados, del que prefirió no dar su nombre, prefiere cumplir la pena de prisión y no abonar la multa.