La habitual estampa de decenas de vecinos echando de comer a las palomas en un parque cualquiera de la ciudad puede empezar a tener los días contados. Este acto va a ser objeto de vigilancia por parte del Ayuntamiento de Málaga, al punto de contemplar ahora la imposición de sanciones de 75 euros a los que tengan este comportamiento. Unos actos que hasta la fecha no estaban incluidos en el apartado sancionador de la Ordenanza de Convivencia pero que pasan a estarlo tras el acuerdo adoptado ayer por la Junta de Gobierno Local.

Conforme a la variación introducida por el equipo de gobierno del PP, que dio a conocer ayer el concejal de Seguridad, Julio Andrade, el artículo 19 del texto, dentro del capítulo de limpieza del espacio público, pasa a incluir la prohibición de suministrar alimentos a los animales vagabundos (con especial atención al problema de los gatos) "y en especial a las palomas urbanas" en el espacio público, solares e inmuebles.

En esta misma materia, el Ayuntamiento desarrolla otro cambio, en este caso en el artículo 20, relacionado con las deyecciones de animales domésticos, que pasan a disponer de una sanción mínima (antes no existía). Con ello, las sanciones aplicables a este precepto pasan a oscilar entre los 75 euros, la más baja, y los 500 euros, la más alta. Pero no son las únicas alteraciones que el equipo de gobierno decide tramitar en esta ordenanza municipal, que está a punto de cumplir sus dos primeros años de vigencia. El otro apunte considerable tiene que ver con la prostitución y el ejercicio sancionador que hasta la fecha se venía realizando sobre esta práctica. La modificación introducida busca suavizar la presión económica sobre las prostitutas, dado que tenían que enfrentarse a multas que en la mayoría de los casos no podían asumir.

La medida renovada, además, hace que la sanción que pueda imponerse a las personas que ejerzan esta actividad en zonas inadecuadas pase de tener consideración leve, en lugar de grave. Ello supone que la cuantificación de la misma sea de un máximo de 750 euros, lo que abre a puerta a sustituir el pago de la misma por "el cumplimiento mediante su participación en programas de inserción social y laboral", explicó el edil del PP.

Ello supone una alteración sustancial en el entendimiento de la norma. Asimismo, el Ayuntamiento decide suprimir le necesidad del apercibimiento previo a la imposición de la sanción por parte de los agentes de la Policía Local. Andrade admitió que hasta la fecha, este mecanismo perjudicaba seriamente a las prostitutas, beneficiando, sin embargo, a los clientes que pedían sexo, "que suelen quedar impunes". Sobre ellos pueden recaer sanciones de entre 750 euros y 1.500 euros.

La ordenanza prohíbe las prácticas sexuales en espacios públicos, así como el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública siempre que afecten a la convivencia; es decir, que se produzcan a menos de 200 metros de centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales o de cualquier otro lugar en el que se realicen actividades comerciales y empresariales. Hasta la fecha, las denuncias por este motivo se elevan por encima del millar.

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