Málaga

La Fiscalía de Málaga investiga las presuntas irregularidades en Smassa

El alcalde del Málaga, Francisco de la Torre (derecha), charla con José del Río, Manuel Díaz y otras personalidades en un aparcamiento de Smassa.

El alcalde del Málaga, Francisco de la Torre (derecha), charla con José del Río, Manuel Díaz y otras personalidades en un aparcamiento de Smassa. / Javier Albiñana (Málaga)

La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias para comenzar la investigación acerca de las presuntas irregularidades ocurridas en la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) en relación con la gestión de los aparcamientos de Pío Baroja, en El Palo. Las mismas fueron denunciadas públicamente por la que fuera jefa del Departamento de la Oficina Técnica de la sociedad Trinidad Rodríguez. Después de esto, PSOE y Unidas Podemos presentaron una denuncia ante el Ministerio Fiscal.

En su denuncia público en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, Rodríguez aseguró haber sido víctima de supuestas "presiones y acoso" por parte del gerente de la sociedad (participada al 51% por el Ayuntamiento de Málaga), Manuel Díaz Guirado. "Me negué a pasar líneas rojas que me hubieran llevado a la cárcel", afirmó públicamente. 

Para el PSOE, que ha registrado la denuncia en la Fiscalía de Málaga, los hechos podrían corresponderse con presuntos delitos de prevaricación administrativa, vulneración de derechos fundamentales por ocultación de información a los miembros del consejo de administración; incitación al delito, estafa o falsedad documental.

Dani Pérez, portavoz del grupo municipal socialista, ha atacado la postura que tomaron los partidos del equipo de gobierno, "el Partido Popular y Ciudadanos, con el alcalde a la cabeza, negaron la constitución de una comisión de investigación para saber lo que estaba pasando en los aparcamientos de Pío Baroja, ahora la Fiscalía abre diligencias, solicita información y va a investigar los hechos". A la vez señala que desde el consistorio se ha "impedido la transparencia para conocer la verdad" y que la situación en Smassa es "insostenible".

El fiscal ha ordenado en un decreto que se incoen las diligencias de investigación "al objeto de practicar cuantas actuaciones sean precisas para esclarecimiento de los hechos denunciados y la verificación de su significación penal".

También ha pedido a la sociedad municipal copia compulsada del expediente de contratación relativo al aparcamiento Pío Baroja. A esto se suma la declaración de Trinidad Rodríguez en el Pleno del Ayuntamiento el pasado 5 de octubre. 

La denuncia presentada por el PSOE alude a presuntas irregularidades en la licitación y adjudicación de contratos por parte de la empresa, en concreto sobre el aparcamiento de Pío Baroja; y también a las supuestas "presiones y el acoso" a Rodríguez, haciéndose eco de una carta de esta y de sus palabras en el pleno, donde aseguró que se negó a "cruzar determinadas líneas rojas" porque "lo que le estaban obligando a hacer la llevaba a la cárcel".

Asimismo, el escrito de denuncia, que se apoya en documentación, apunta a la existencia de informes de asesorías externas que expresaban las dudas sobre el expediente, algo de lo que la Gerencia supuestamente tenía conocimiento, a pesar de lo cual se habría dado orden de continuar con el procedimiento. Además, señala que se habría ocultado información relevante al consejo de administración.

La denuncia por la que ahora ha abierto diligencias el Ministerio Fiscal señala que desde que se hiciera pública esa denuncia "han sido varios los empleados públicos de dicha sociedad municipal que se han puesto en contacto" con el grupo "para dar cuenta de la veracidad" de lo dicho por Rodríguez, "así como denunciar la actuación presuntamente delictiva de carácter continuado en esta sociedad de la Gerencia", incidiendo en la "presión constante" para "favorecer a la adjudicataria del contrato tanto en la concesión de la misma como en el transcurso de la ejecución".

En el escrito se apunta a la posible "derivación económica y con grave perjuicio al erario público, habiendo incluso condonado cantidades económicas en torno al millón de euros a la empresa adjudicataria".

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