La Fiscalía se une a las críticas al CIE y pide el cierre del edificio

El fiscal delegado de Extranjería de Málaga, Juan Bermejo Romero de Terreros, se ha sumado a las críticas lanzadas por las organizaciones de ayuda al inmigrante sobre el deteriorado estado del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga.

El fiscal considera que el Gobierno debería cerrar el edificio de Capuchinos (muy antiguo y con serias deficiencias estructurales) y construir otro donde además se garanticen los derechos y obligaciones de los internos. "Allí se juntan ciudadanos que no han cometido ningún hecho delictivo con otros que sí. Parece un centro penitenciario, cuando no lo es ni debería serlo, y ni siquiera tiene los medios con los que cuentan las cárceles", lamenta Bermejo, que ha manifestado su preocupación por las condiciones en que se encuentran las personas que allí residen, normalmente, por un plazo de 40 días antes de ser expulsados del país. Algunos de los internos, como recuerda el fiscal, lo único que han hecho es no tener papeles.

Estas críticas se producen en medio de un debate europeo ante la próxima aprobación por parte de los 27 de la directiva del Retorno. El texto eleva el límite de la detención de los extranjeros en el centro de internamiento a 18 meses y permite la detención por decisión administrativa. A este respecto, el Parlamento Europeo ha hecho un informe en el que alerta de las deficiencias de estos centros y reprueba el régimen carcelario que los regula.

La Ley de Extranjería prevé la expulsión de todos los ciudadanos que residan en España de forma irregular. Los que además cometen algún delito, si éste conlleva una pena inferior a los seis años, también suelen ser expulsados "para que el hecho delictivo no suponga una forma de permanecer en España con ventajas más favorables".

No obstante, como matiza Bermejo, "la mayoría de los extranjeros que vienen a España en situación irregular no vienen a delinquir, pero sí es verdad que la mayoría de los que delinquen se encuentran en situación irregular".

Los expedientes de expulsión se redujeron en Málaga el año pasado con respecto a los registrados en 2006. Ese año hubo 1.338 expulsiones, mientras que en 2007 apenas superaron las 1.100.

También las devoluciones (cuando las personas son sorprendidas al intentar entrar en el país) han caído en picado, pasando de las 428 formalizadas en 2006 a las 182 de 2007.

Esto se produce porque hay una menor incidencia de pateras por el Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE) y porque ahora los ciudadanos de Bulgaria y Rumanía son ciudadanos europeos.