La Fiscalía de Málaga decidió ayer abrir diligencias penales para investigar si los controladores aéreos del aeropuerto Pablo Ruiz Picasso abandonaron sus puestos de trabajo dentro de la huelga ilegal iniciada el viernes por la tarde y que dejó en tierra a miles de viajeros. El Ministerio Público malagueño -en la misma línea que otras fiscalías españolas- quiere saber si el pasado viernes 3 y en los días posteriores hubo "abandono o ausencias" en los puestos de trabajo tanto de la torre de control como de la de aproximación.

Para ello, la Fiscalía malagueña libró ayer un oficio a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) para que informe de las incidencias registradas y, en caso afirmativo, remita la relación de nombres, apellidos y domicilios de los controladores. En Málaga, la sorpresiva protesta de este colectivo provocó la suspensión casi de 210 vuelos. El Ministerio Público pretende determinar si esas anulaciones fueron producto de la huelga salvaje en el control de ruta con sede en Sevilla o también del abandono de sus puestos de los controladores de Málaga. En caso de que estos empleados se hubieran ausentado de su lugar de trabajo sin justificación alguna, habrían incurrido en un delito de abandono de destino tipificado en el artículo 409 del Código Penal. Esta disposición hace una distinción a la hora de castigar el abandono del puesto de trabajo entre quienes lo instigan y quienes lo secundan.

"A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público", el Código Penal los sanciona con una multa de ocho a 12 meses, que se calcula en función del salario. Además, se penaliza esta conducta con la suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años.

A "las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad", el Código Penal los castiga únicamente con multa de ocho a 12 meses. En este segundo supuesto no hay pena de suspensión de empleo o de cargo público.

La Fiscalía malagueña también intenta determinar, en caso de que hubiera habido abandono de los puestos de trabajo, si éste fue voluntario o bajo coacción. En el aeropuerto Pablo Ruiz Picasso hay unos 60 controladores repartidos entre la torre de control y la de aproximación. Los intentos de Málaga Hoy por recoger la opinión del colectivo sobre la decisión de la Fiscalía resultaron ayer infructuosos. El aeropuerto funciona desde el domingo con normalidad. Ayer estaban previstos 173 vuelos de llegada y salida y a última hora de la tarde no había ninguna incidencia. Hoy están previstas 196 operaciones aéreas de llegada o salida.