La Fiscalía abre diligencias por las palabras del responsable de Art Natura contra el alcalde

La Fiscalía de Málaga ha decidido abrir diligencias de investigación penal por las declaraciones que Fulgencio Alcaraz, responsable de Royal Collections, sociedad gestora del fallido Museo de las Gemas, dirigió por escrito a la oposición en el Ayuntamiento de la capital y que fueron remitidas por el Consistorio la pasada semana. Así lo aseguraron fuentes judiciales. La apertura de diligencias es el trámite habitual ante los escritos de denuncia que llegan a la Fiscalía y el objetivo es investigar si los hechos expuestos son constitutivos de delito, en este caso de injurias o calumnias, han apuntado.

En esa información remitida por el responsable de Art Natura se alertaba de supuestas irregularidades por parte del PP y se indicaba que la concesionaria "se negó a seguir pagando facturas que sólo beneficiaban a sus campañas -en referencia al alcalde, Francisco de la Torre, y al PP-". Ante esto, el equipo de gobierno del PP remitió el asunto a la Fiscalía y, además, puso a disposición de los concejales de todos los grupos políticos los expedientes sobre Art Natura que se encuentran en el Área de Cultura, la Gerencia Municipal de Urbanismo, Contratación (Área de Economía), Gestrisam y la Asesoría Jurídica.

En las relaciones entre Royal Collections y el Ayuntamiento hay antecedentes judiciales a favor del Consistorio, lo que dicha institución ha puesto en conocimiento del ministerio fiscal en el escrito remitido. Así, el 20 de enero de 2014 el Tribunal Supremo inadmitió a trámite la querella presentada por Royal Collections contra el alcalde y varios miembros del equipo de gobierno por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y estafa procesal por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno, procediéndose a su archivo. El 6 de febrero de 2015 el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga archivó la querella que en este caso se presentaba contra el entonces concejal de Cultura y un arquitecto municipal por presuntos delitos de apropiación administrativa, falsedad en documento público y privado, estafa o apropiación indebida cometida por autoridad o funcionario público y realización arbitraria de propio derecho.

Esta sentencia fue recurrida por Royal Collections en Madrid ante instancias superiores, pero también perdió, subrayaron desde el equipo de gobierno. El 4 de diciembre de 2015 la Audiencia Provincial desestimó su recurso de apelación, condenando a esta sociedad a pagar las costas. Además, el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminó el 11 de abril de 2012 favorablemente sobre la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y Royal Collections.