Dos campos de golf ubicados en la provincia de Málaga son sospechosos de captar agua de manera ilegal. Es por ello que la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha decidido abrir unas diligencias de investigación preprocesales por estos estos hechos que aparentemente no guardarían ninguna vinculación entre sí, por lo que se tratan en expedientes independientes. 

Fueron agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía los que denunciaron la supuesta actividad ilícita que estarían cometiendo estos dos recintos deportivos, situados en la costa occidental, según ha adelantado la Ser y han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

Sin embargo, este no sería el único caso con estas características que el Ministerio Público investiga, abriendo también diligencias sobre la falta de caudal del río Guadiaro tras la denuncia del grupo Verdemar-Ecologistas en Acción, que mantiene que se están "robando" más de 5 millones de metros cúbicos para riegos en secano.

Al tratarse de unas diligencias preliminares, la Fiscalía de Málaga investiga si el hecho puede ser constitutivo de delito; mientras que el colectivo mantiene que se están "robando" millones de metros cúbicos de agua para riegos de frutas tropicales intensivas en tierras de secano y acusa a la Junta de haber dado concesiones "sin las previas autorizaciones ambientales".

No cabe lugar a dudas que la sequía está causando estragos en toda la provincia de Málaga, prueba de ellos es la macrooperación que llevó a cabo hace unos meses la Guardia Civil por supuestos pozos y regadíos ilegales en la comarca de la Axarquía y que culminó en mayo de este año con 180 personas -entre ellas agricultores- investigadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y 26 detenidos, que fueron puestos en libertad con cargos. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) explicaron que se abrieron diligencias a raíz de una denuncia del Instituto Armado y de la Fiscalía de Medio Ambiente por el saqueo ilegal de agua.

Por una parte, se detectó la extracción clandestina de más de un millón de metros cúbicos de una masa de agua subterránea a través de tres pozos ilegales que han estado funcionando durante años y que se han utilizado para regar plantaciones de subtropicales, principalmente de aguacate. La otra infracción está relacionada con el desvío de agua gestionada por varias comunidades de regantes, que administran este recurso a una serie de parcelas autorizadas. Se ha utilizado ese agua en más de 220 hectáreas de superficie no autorizada en los últimos cinco años, lo que habría provocado daños al dominio público hidráulico que podrían superar el millón y medio de euros.