La Fiscalía investiga cuatro casas en rústico de ediles de Martín Serón

La sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias de investigación contra el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y tres concejales de su equipo de gobierno para aclarar las circunstancias en las que los ediles han construido cuatro viviendas en dos zonas que presumiblemente no son urbanizables, según adelantó la cadena Ser.

El fiscal que coordina el área de Medio Ambiente, Juan Calvo, acordó incoar las diligencias el pasado 2 de marzo, después de que en agosto de 2009 el particular Salvador Maldonado denunciara que cuatro concejales del equipo que preside Juan Martín Serón, principal imputado en el caso Troya contra la corrupción, disfrutaban de cinco viviendas en suelo rústico que o bien carecían de licencia o contaban con una autorización "al margen de cualquier procedimiento administrativo". Ninguna, según del denunciante, dispone de proyecto de actuación que justifique su existencia en suelo rústico.

Para Salvador Maldonado las casas contravienen el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), así como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Además, afirma que ninguno de los cuatro chalés ha sido dado de alta en el Catastro, aunque sí han sido anotados en el Registro de la Propiedad.

El escrito indica que la concejala de Hacienda y primera teniente de alcalde del municipio, Antonia Ledesma, ha levantado un chalé individual en la parcela 75 del polígono uno del municipio que figura inscrito a nombre de sus padres. En esa misma zona, según la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, también tiene su vivienda habitual el concejal de Medio Ambiente, Diego Navas, a quien corresponde en el municipio perseguir la edificación en suelo no urbanizable.

El tercer edil es el responsable de Seguridad Ciudadana de Alhaurín el Grande, Sebastián Burgos, quien cuenta con dos chalés en el polígono siete. La denuncia también se dirigía contra la concejala de Obras, Comercio y Contratación, Josefa Brescia, que disfruta de otro chalé en las mismas circunstancia en el polígono 22.

El fiscal de Medio Ambiente ha optado por archivar la investigación conjunta que inició al recibir la denuncia para abrir investigaciones independientes, una por cada uno de los hechos puestos en tela de juicio, ya que considera que el único nexo de unión entre los denunciados es su condición de concejales, sin que exista ningún otro vínculo entre ellos que acredite "connivencia".

El Ministerio Público ha acordado la apertura de las investigaciones porque aprecia la "posible existencia de hechos delictivos" Además, ha determinado el archivo de las investigaciones relacionadas con la edil de Obras, Josefa Brescia, puesto que ya está pendiente de ser sometida a juicio en el Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga por estos hechos.

El denunciante considera responsables de estos presuntos delitos contra la ordenación del territorio tanto a los ediles vinculados a los chalés como al alcalde del municipio, Juan Martín Serón, por "consentir la construcción de dichas viviendas en suelo no urbanizable careciendo de licencia urbanística" y sin disponer tampoco del preceptivo proyecto de actuación.

Este periódico intentó ayer ponerse en contacto con los afectados para conocer su versión sobre los hechos denunciados pero todos ellos declinaron pronunciarse.