La Fiscalía de Málaga alerta del abandono de casi 100 mayores en hospitales públicos tras su alta médica

Los ancianos abandonados en los hospitales públicos tras recibir su alta médica y no contar con apoyos familiares o sociales son un fenómeno social que va en aumento. La Fiscalía de Málaga ha alertado de que se tratan de "auténticos casos de desamparo". Solo en primer semestre de 2022 fueron comunicados a los servicios sociales un total de 94 asuntos de este tipo.

Estas coyunturas, indica el Ministerio Público en su memoria anual -presentada este jueves-, requieren "de actuación inmediata". La Fiscalía Provincial de Tenerife, que también alude a esta cuestión, considera "necesario un desarrollo legislativo autonómico".

Este problema es la respuesta de distintas variables. Uno de ellos, los cambios sociales, que han provocado que la mujer ya no siempre asuma el rol de cuidadora. Además, las familias ya no son tan grandes como hace décadas, cuando una amplia red familiar cuidaba del abuelo.

El envejecimiento la población, debido a que las personas cada vez vive más, aumenta la cifra de grandes dependientes y, como consecuencia, incrementa el número de personas mayores abandonadas en hospitales. El coste de cualquier residencia también es otro de los factores, pues muchas familias no pueden afrontar los gastos que acarrea, lo que les lleva a estirar en algunos casos la estancia del abuelo en el hospital.

Aunque miles de familias cuidan de sus mayores, la tendencia al abandono tras un ingreso hospitalario no es un problema incipiente. Ya en 2017, el Hospital Regional Universitario de Málaga (Carlos Haya) y el Hospital Civil contabilizaron 45 casos, una cifra similar a la que registró El Clínico, según informaron desde ambos centros sanitarios.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado, en su memoria, aplaude que las residencias de mayores mantengan las "buenas prácticas" instauradas en los "momentos críticos" de la pandemia de Covid-19, que considera ya superados, pues en 2022 solo se iniciaron 32 investigaciones al respecto.

Asimismo, habla de "correctas actuaciones conforme a los protocolos sanitarios y planes de contingencia en los casos de brote pandémico" y subraya que no se han recibido "quejas" como las de años anteriores por la falta de medios personales o materiales en estos centros. Prueba de ello es que el Ministerio Público inició en 2022 solo 32 investigaciones, frente a las 786 del "dramático" 2020 y las 509 de 2021.

Respecto al seguimiento de los fallecimientos en residencias y centros de menores, en septiembre de 2022 había 106 procedimientos judiciales en trámite, 20 de ellos iniciados por denuncia de la Fiscalía, que investigaba otras cuatro diligencias.

El Ministerio Público solicitó el año pasado a todas las fiscalías superiores de las comunidades autónomas información sobre sus investigaciones, denuncias y procesos judiciales en curso, con especial hincapié en la de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, donde se produjo el mayor número de fallecidos en residencias según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

La memoria no reseña problemas relativos a la vacunación de los mayores, superadas las primeras dosis, en las que sí tuvo que intervenir e incluso judicializar algunos casos puntuales, según recuerda.

"El sistema de coordinación sanitario-residencial está prestando la adecuada atención a la cuestión sanitaria", concluye la Fiscalía en su memoria, en la que equipara la situación del covid en las residencias a la de "otros virus respiratorios endémicos".

Una de las "buenas prácticas" que se han mantenido y que destaca son los correos de atención ciudadana, una "herramienta muy útil" para detectar casos de abuso, maltrato, desatención o falta de cuidados de las personas mayores.

También destaca la Fiscalía su "estrecha colaboración" con los servicios de inspección de las comunidades autónomas, que permite mantener actualizada la información de las incidencias derivadas de la pandemia.

Alerta sobre "debilidades" en centros de mayores

Pese a la normalización respecto al covid-19, el Ministerio Público llama la atención sobre otras "debilidades" detectadas en centros de mayores que han conllevado "severas limitaciones de derechos fundamentales".

Destaca su preocupación por el empleo de sujeciones, que le ha llevado a emitir una instrucción con pautas de inspección y de actuación para que se cumplan la legalidad de los internamientos y el respeto a la dignidad, la libertad y la promoción de la autonomía de los internos.

Esta instrucción rechaza someter a cualquier tipo de inmovilización, restricción física o tratamiento farmacológico sin prescripción médica, salvo que exista un peligro inminente.

Por otro lado, la Fiscalía apunta que los recursos públicos de emergencia en algunas provincias son insuficientes, no se adecuan a los distintos perfiles de discapacidad o no están bien coordinados por las administraciones, lo que lleva a adoptar resoluciones que no se corresponden con la voluntad y la necesidad de apoyo de la persona dependiente.

Un ejemplo es el de una persona en Almería que, aun queriendo permanecer en su entorno, no es atendida en su domicilio por la falta de recursos y se ve avocada a una situación de "gran vulnerabilidad".