"El Benítez va a volver a ser de todos los malagueños". Ana Pastor, a la sazón ministra de Fomento, pronunció estas palabras el 12 de marzo de 2012 en un encuentro organizado por el PP y al que asistieron agentes económicos y sociales de la provincia de Málaga. Era la primera visita de la dirigente estatal a territorio malagueño, al que acudió con respuestas a buena parte de las asignaturas pendientes de su departamento, al punto de prometer no sólo que los terrenos del antiguo campamento militar iban a pasar a propiedad municipal, sino también que el tren de Cercanías iba a llegar al PTA y que iba a impulsar el tren litoral. Lo que no hizo fue decir cuándo se materializarían los compromisos.

A punto de cumplirse un año desde que la ministra lanzó estas promesas, la realidad inequívoca es que ni el suelo largamente demandado, incluso en los tribunales, por el Ayuntamiento están hoy a disposición de la ciudad, ni los trenes tienen visos de alcanzar la tecnópolis en el medio plazo, ni el corredor ferroviario de la Costa del Sol ha salido del cajón en el que está enterrado desde hace más de una década.

Aquel 12 de marzo, Pastor, dirigiéndose al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, llegó a asegurarle que la cesión del campamento Benítez sería "inmediata". El calendario dice lo contrario. De hecho, a pesar de que a modo de portavoz de la Administración central el regidor ha comunicado repetidamente que la firma del necesario convenio de entrega de la finca esta próximo, aún hoy no se conoce reserva alguna en las agendas de ambos dirigentes para rubricar el ansiado documento.

Muestra de ello son las respuestas oficiales emitidas en los últimos meses por los representantes del Gobierno central a preguntas sobre la entrega de la parcela. La más reciente en el tiempo, fechada el pasado 21 de enero y publicada en el boletín del Congreso de los Diputados el pasado 25 de febrero, sitúa el estado de la cuestión en que el Ministerio de Fomento está trabajando con la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "sobre el procedimiento a seguir, conforme a la normativa aplicable, para una posible cesión gratuita de los terrenos al municipio con el fin de destinarlos a un parque municipal". La contestación oficial precisa, además, que por parte del actual Ministerio de Fomento, a diferencia de lo ocurrido en la anterior etapa de Gobierno del PP, no se contempla "ningún tipo de permuta de terrenos por esta posible cesión".

El mensaje emitido por el Ejecutivo genera no poca incertidumbre sobre la prontitud con la que la finca podría pasar a manos municipales para impulsar la construcción de un parque abierto al disfrute de la capital. Mientras desde el equipo de gobierno del PP se daba por hecho el pasado mes de noviembre que el camino para proceder a la cesión de la finca de forma gratuita estaba expedito, la respuesta del Gobierno lo pone en duda y confirma que aún no existe una decisión final en este asunto.

La supuesta eliminación de las trabas para hacer real la reclamación de Málaga sobre la propiedad de estas 28 hectáreas fue usada por De la Torre para justificar la decisión del equipo de gobierno de retirar el contencioso judicial que abrió hace unos 18 años para reclamar la devolución de la finca. Un paso que, en tiempos del PSOE al frente de la Administración estal, supeditó a que previamente se firmase el convenio para destinar la parcela a zona verde.

El paso de los meses ha ido dejando en aguas de borrajas los planteamientos del equipo de gobierno de acometer obras de adecuación de la parcela para darle uso ciudadano, aplazando para años posteriores actuaciones de mayor envergadura. Con ese primer fin, el alcalde reservó un millón de euros el año pasado, dinero que no se pudo emplear. Y, en el marco del presupuesto de 2013, consigna la misma partida, sin garantía de que sea factible emplearla sobre el terreno.

El conflicto del Benítez es el de una ciudad que entregó esta finca al entonces Ministerio de la Guerra allá por el año 1924 para que sirviese de asentamiento para las tropas del Ejército de África. El acuerdo plenario que dio luz verde a la operación fue modificado en mayor de 1925 para suprimir la cláusula que exigía que una vez dejase de tener uso militar este espacio, la finca sería devuelta a la ciudad, paso que no se dio cuando el antiguo campamento cerró sus puertas en mayo de 1995. Desde ese momento hasta mediados de 2012, el Ayuntamiento litigó y reclamó en los tribunales, sin mucho éxito, eso sí, la recuperación de los terrenos. Una demanda que se mantiene viva, aunque sea lejos de la vía judicial.