Málaga

Funcionarios se concentran contra la "privatización" del Registro Civil

  • La iniciativa del Gobierno afectaría a 69 empleados públicos de los 22 registros de la provincia

Funcionarios de justicia se concentraron ayer frente a los registros civiles de la provincia de Málaga a fin de protestar contra la "privatización" de los mismos "proyectada" por el Gobierno central, según informaron fuentes sindicales.

Las concentraciones convocadas ayer contaron con un respaldo "mayoritario" por parte de los trabajadores, destacando el caso de Málaga, donde el sindicato STAJ repartió billetes llamados gallardones que simbolizaban "el valor estimado del coste del servicio privatizado que proyecta el Gobierno contra todos los ciudadanos".

Según mantienen los sindicatos representativos de la administración de justicia, este servicio público "se presta desde 1870 a los ciudadanos de toda España de forma gratuita por empleados públicos en las poblaciones de más de 7.000 habitantes y por personal idóneo de los ayuntamientos en el resto de municipios".

A su juicio, "la privatización a favor de los registradores de la propiedad", como es "intención" del ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, "va a suponer la desaparición de las oficinas del Registro Civil de una gran cantidad de pequeños municipios, obligando a los ciudadanos de estas localidades a desplazarse a las nuevas sedes para realizar gran cantidad de trámites que son obligatorios o a acudir para su tramitación a gestorías o despachos profesionales".

Además, esta nueva situación de los registros civiles "va a suponer a los ciudadanos un repago de este servicio público que hasta ahora venía siendo gratuito, tanto por quienes vean cerrado el Registro Civil de su localidad como para la totalidad de la ciudadanía, que deberá pagar al registrador de la propiedad por servicios de carácter obligado, como la obtención de partidas de nacimiento, matrimonio o defunción, certificados de fe de vida y estado, o expedientes de nacionalidad, entre otros".

En el caso de Málaga afectaría a 69 funcionarios de 22 los 22 registros civiles que hay en la provincia. Sólo en el de la capital se prevé que se expidan 95.000 certificaciones este año.

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