El Gobierno central parece que sigue jugando al despiste con la necesaria sustitución del puente de la antigua carretera N-340 sobre el cauce del río Guadalhorce. Si bien de un lado admite en una reciente respuesta parlamentaria que la sustitución de esta infraestructura, que se llega a valorar en unos 60 millones de euros, le corresponde ejecutarla de manera directa, conforme a lo establecido en el programa de medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas, de otro no solo no precisa cuándo tiene previsto acometer tal actuación sino que además insiste en recordar que "las actuaciones que se realicen en la carretera MA-21 deben ser desarrolladas por el Ayuntamiento de Málaga como titular de la vía".

Esta última aseveración forma parte de varias contestaciones oficiales realizadas por el Ejecutivo central los pasados 11 y 13 de abril a respuesta de interpelaciones realizadas por los diputados nacionales de Podemos, Eva García Sempere y Alberto Montero, así como del PSOE, Miguel Ángel Heredia. En todas ellas, lejos de aportar luz sobre una de las soluciones clave para minimizar el riesgo de inundabilidad de la parte baja del Guadalhorce, que afecta de lleno a los polígonos industriales existentes en el entorno directo, la Administración general elude concretar plazos e inversiones. Cabe recordar que ya en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 excluye cualquier reserva económica con este fin.

De manera precisa, en la primera de las respuestas, fechada el 11 de abril, el Gobierno confirma lo que ya está documentado en el citado plan hidrólogico, en el que se le asigna la ejecución del nuevo puente "en el horizonte 2016-2021". Acto seguido, señala que la Administración General del Estado "ya ha acometido numerosas inversiones en el encauzamiento del curso bajo del río Guadalhore, que se llevó a cabo antes de que se transfiriera la antigua Cuenca Hidrográfica del Sur a la Junta de Andalucía en el año 2004".

Al tiempo, subraya que el desarrollo de cualquier infraestructura de esta naturaleza está marcada por una serie de "condiciones". En primer lugar, porque habrán de ser sometidas a la realización de "un análisis sobre su viabilidad técnica, económica y ambiental", quedando supeditada su construcción "a las disponibilidades presupuestarias y a los correspondientes planes sectoriales". Aclara, además, que "los agentes responsables de su ejecución", en este caso el Gobierno, "lo serán en función de las disponibilidades económicas, de sus competencias y de los acuerdos específicos que las autoridades competentes, para su eficaz desarrollo, puedan llegar a suscribir". En este contexto, el Gobierno reconoce haber licitado la contratación para el análisis coste-beneficio requerido por la normativa, en este caso el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. Como último argumento, el Ejecutivo vuelve a apuntar de manera directa al Ayuntamiento de la capital al recordar la firma, el 6 de agosto de 2013, del acta de cesión de diversos tramos de carreteras del Estado, "estando comprendido en dichos tramos la carretera MA-21 del punto kilométrico 0,000 al punto kilométrico 5,250". Y concluye señalando que las actuaciones que se realicen en esta carretera "deben ser desarrolladas por el Ayuntamiento de Málaga como titular de la vía".

La justificación se repite en varias contestaciones oficiales más. A modo de ejemplo, Heredia preguntó sobre la fecha y el coste previstos para las obras de sustitución del puente de la N-340 a la altura de la Azucarera en Málaga capital, planteamientos ante los que el Gobierno expuso, de nuevo, la existencia del acuerdo de cesión de carreteras con el Consistorio.