El Consejo de Ministros ha acordado declarar como “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” a las provincias y comunidades autónomas que han sufrido temporales, inundaciones, incendios forestales y otras catástrofes naturales desde el pasado 1 de abril.

La declaración a través de un Real Decreto-ley permite articular la adopción de un conjunto de medidas urgentes por parte de nueve ministerios para paliar los daños personales y materiales causados por esos siniestros.

De forma absolutamente provisional, el importe de las ayudas se estima en 557,7 millones de euros. A esta cantidad habría que sumar 130,2 millones en actuaciones de la Administración General del Estado y 58,4 millones de euros en exenciones y bonificaciones en materia de empleo y Seguridad Social, han explicado desde la Presidencia del Gobierno en un comunicado.

El impacto presupuestario total rondaría, por tanto, los 746 millones de euros. Las situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica incluidas expresamente en el Decreto-ley son los incendios forestales de Tarragona, Madrid y Toledo del mes de junio, las inundaciones en Navarra y Ourense en julio, los incendios forestales declarados en la isla de Gran Canaria en agosto y los episodios de Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectaron a varias comunidades autónomas -en especial, del sureste peninsular- a finales de agosto y a mediados de septiembre, entre los que se encuentra la provincia de Málaga.

Daños personales y materiales

El Ministerio del Interior gestionará las ayudas dirigidas a paliar los daños personales o materiales sufridos por las familias en su vivienda habitual o en sus enseres de primera necesidad y por las comunidades de propietarios en los elementos comunes, así como los causados en establecimientos mercantiles, industriales o de servicios.

También sufragará gastos de emergencias realizados por las corporaciones locales y compensará a las personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales o de bienes a requerimiento de la actividad competente.

Se estima que estas ayudas sumarán 10 millones de euros. Su concesión tiene carácter subsidiario y complementario a las indemnizaciones abonadas por las entidades aseguradoras o el Consorcio de Compensación de Seguros.