Hitemasa vuelve a la trinchera

Los ex trabajadores de Hitemasa están abonados al sufrimiento. Durante décadas han tenido que pelear con uñas y dientes por defender su puesto de trabajo y su sueldo y ahora, siete años después del cierre de la fábrica textil, han vuelto a sacar los tambores de guerra para reclamar lo que les pertenece. Cuando todo parecía en calma, la aseguradora belga Apra Leven les acaba de comunicar mediante una carta que no puede seguir pagando sus prejubilaciones porque la Junta de Andalucía le debe 32 millones de euros, dejando a 400 familias sin cobrar desde diciembre.

Manuel Bernal entró a trabajar en Intelhorce en 1973 y aún recuerda que, nada más llegar, "los trabajadores nos encerramos en la Catedral de Málaga y estuvimos cinco días de huelga porque pedíamos un aumento de sueldo". Estaba aún en plena vigencia la dictadura franquista y hubo momentos de extrema tensión. Bernal inició su andadura en la fábrica textil como peón, posteriormente pasó al departamento comercial y de ahí a los servicios técnicos. Como el resto de sus compañeros, ha vivido todas las fases de esta compañía. Su privatización, la llegada y posterior huida de Giovani Orefici, la desaparición de Intelhorce y la creación de Hitemasa, su cierre... Muchos altibajos y una gran dosis de incertidumbre durante años que no todo el mundo puede soportar. Este ex empleado recuerda que, en ese particular proceso histórico de la empresa, estuvieron varios días durmiendo en tiendas de campaña acampados en el Parque de Málaga o pasaron numerosas noches encerrados en las instalaciones de Intelhorce.

"Ahora estoy falto de ilusión", afirma Bernal, quien ha dejado de cobrar los 1.150 euros mensuales que recibía de la prejubilación y que, como el resto de los afectados, tiene que seguir pagando en torno a 250 euros mensuales a la Seguridad Social para poder recibir una pensión cuando se jubile. Bernal no tiene hipoteca ni hijos a su cargo, lo que reduce sus gastos pero señala que "hay casos muy extremos". Alfonso Jurado es uno de ellos. Ingresó en Intelhorce en 1970 de aprendiz. "En aquel momento esto era una gran industria y había 3.750 trabajadores", subraya con cierta melancolía en el rostro. Le quedó una prejubilación de 1.248 euros mensuales que no percibe desde hace tres meses. Tiene dos hijos, su mujer no trabaja y cuenta con una hipoteca de 350 euros. Está sobreviviendo con la ayuda familiar de 426 euros del Inem y con el sueldo de una de sus hijas. "Esto es un dolor de cabeza diario, te levantas amargado y mosqueado", explica. Jurado tiene 57 años y su objetivo es jubilarse con 61 al tener los suficientes años de cotización. Mientras tanto, le quedan cuatro años en los que espera que se arregle la situación entre la Junta de Andalucía y la aseguradora Apra Leven. Se está planteando solicitar a la Seguridad Social el aplazamiento de los pagos mensuales para no pasar tantos apuros en estos momentos.

Rafael García tiene dos hijos a su cargo -uno está en el paro y no cobra ningún tipo de prestación- y recibía una prejubilación de 1.200 euros al mes. Entró a trabajar en Intelhorce en 1974 y también se ha comido todos los marrones. "Psicológicamente estoy muy afectado porque esto está siendo negativo para mucha gente", dice entre la resignación y el enfado. "Hemos sufrido siempre mucho y cuando creíamos que estábamos tranquilos nos llega esto", continúa. Manuel, Alfonso y Rafael destacan que, al margen de sus propias situaciones, "hay personas que lo están pasando canutas y que intentan controlar cada euro que gastan. Conocemos gente que anda kilómetros de un sitio a otro por ahorrarse el euro del autobús". Tras eliminar los 250 euros a la Seguridad Social, a la mayoría de los prejubilados les quedan menos de 1.000 euros al mes para hacer frente a todos los pagos, una situación que se está volviendo insalvable para todas aquellas familias que tienen más trampas y que, como el resto, llevan desde diciembre sin ingresar un euro.

"Lo peor además es la incertidumbre porque no sabemos cuándo se va a arreglar la situación", apostilla García. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, dijo el viernes en Málaga que buscarán una solución "urgente", pero estos trabajadores, como los 407 restantes, ya no se fían de nada ni de nadie. Son 40 años de trincheras y eso se lleva por dentro.