La Inspección Técnica de Edificios (ITE), ordenanza con la que el Ayuntamiento de Málaga busca examinar el estado de los inmuebles más antiguos y colaborar con ello a su conservación, está causando un efecto colateral que muchos ya atisbaban: sacar a la luz la ruina, especialmente, del centro histórico de la urbe. Sólo en los primeros peldaños de aplicación de la citada normativa, aplicable inicialmente a las construcciones de cien o más años y aquellas protegidas, ha conllevado la apertura de 31 expedientes que podrían culminar con la declaración de ruina de las mismas.

Para dar buena cuenta de lo que supone este dato, hay que tener en cuenta que en los últimos cinco años la cifra total de declaraciones ha sido de 39, según explicaron a este periódico desde el departamento de Conservación de la Gerencia de Urbanismo. "La inspección técnica ha hecho aflorar muchos casos en los que los propietarios de ciertos edificios, que se habían despreocupado de su conservación, se encuentran con la obligación de pasar examen al inmueble y que cuando lo ven se dan cuenta de que no pueden arreglarlo porque está en muy malas condiciones", expusieron desde el organismo municipal.

Si bien la casuística origen de la ruina de un edificio puede ser muy variada, los técnicos apuntan a que la mayoría de los casos se produce porque "son bloques antiguos, que pasan a múltiples herederos, donde los inquilinos se van yendo y cuyos propietarios viven fuera y normalmente cuesta trabajo ponerlos de acuerdo". Conforme a este planteamiento, el número de episodios en el que la propiedad trata de expulsar a los inquilinos, supuestos conocidos como asustaviejas, no es mayoritario.

El balance aportado a este periódico por Urbanismo constata que de las 39 ruinas ya declaradas, 28 han sido solicitadas directamente por la propiedad, mientras que en los 11 casos restantes es la propia Administración local la que, tras denuncias de vecinos o del Cuerpo de Bomberos, ante situaciones de emergencia, opta por esta medida.

¿Pero, cuándo se llega a la ruina? La respuesta es clara: cuando el valor de las obras que hay que hacer en el edificio para devolverlo a sus condiciones supera la mitad del valor que tiene construir de nueva planta. "Cuando se inicia el procedimiento, los propietarios traen la valoración de las reparaciones, la contrastamos y si vemos que supera la cifra, lo declaramos en ruina", explican los técnicos, que apostillan que una vez se llega a esa conclusión la propiedad dispone de un año, bien para demoler la construcción, bien para impulsar las actuaciones necesarias que permitan la recuperación de la misma.

"La ruina es un arma legal para favorecer la recuperación del inmueble", precisan. Sin embargo, si la respuesta de los dueños sobrepasa este plazo temporal, la construcción pasaría a ser subastada en el registro de solares, un proceso "lento" y que, dadas las actuales condiciones económicas, no acaba de dar el resultado deseado. Cabe recordar que una de las últimas enajenaciones forzosas fue la de Mariscal, 3 y 5, inmuebles en un lamentable estado de conservación. La subasta quedó desierta.

Otro efecto que trae la crisis es que el número de expedientes sobre el que trabajan los técnicos municipales ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos. Sumando los casos de ruina al resto de informes sobre órdenes de actuación en las edificaciones en mal estado y los solares, la cifra alcanza los 1.200, "un 50% más que antes de la crisis". "Antes de declarar la ruina solemos reclamar a los propietarios la realización de una serie de obras de mejora, de medidas cautelares, lo que en este momento representa unos 650 expedientes". Aunque no siempre la orden llega a buen fin. "De todas las que mandamos solemos tener un éxito del 75% porque siempre hay algunos recalcitrantes", señalan.