El Ministerio del Interior mantiene activas 220 denuncias por desaparición en la provincia de Málaga, donde durante el año 2020 se emitieron 16 alertas por casos de alto riesgo. Otros 29 corresponden a menores extranjeros no tutelados que se fugaron de centros de protección. Además, se han detectado 205 episodios de reincidencia en las desapariciones. Así consta en el informe anual sobre personas desaparecidas correspondiente al año 2020 que ha hecho público recientemente el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

Este estudio se centra también en el análisis de las desapariciones durante la pandemia, que ha reducido notablemente las denuncias. En el primer estado de alarma, entre el 14 de marzo y el 21 de junio, en Málaga se presentaron 140 denuncias sobre personas desaparecidas. Entre el 25 de octubre y el 31 de diciembre, durante el segundo estado de alarma, el número de expedientes abiertos bajó a 133. La inmensa mayoría de las desapariciones se esclarecieron al encontrar a la persona con vida, si bien también hubo casos en los que fueron encontradas muertas.

Quedan todavía 57 cadáveres sin identificar en Málaga. El informe explica que desde el año 2010 en Málaga se hallaron 97 cuerpos sin identificar. El trabajo de la Policía y la Guardia Civil permitió averiguar las identidades de 40 de estas personas, mientras que las otras 57 todavía permanecen a la espera de que haya alguna coincidencia de ADN o aparezca alguna nueva prueba que permita ponerles nombres y apellidos.

El informe hace un balance de la actividad del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), un organismo que se creó en 2018 para perfeccionar los protocolos de actuación y la eficacia en la gestión de los datos de desapariciones en España. Esta institución se dedicó durante 2020 a mantener una presencia activa en los medios de comunicación, así como a formar a las Fuerzas de Seguridad para que avancen en sus investigaciones y a participar en una serie de encuentros con familiares, seres queridos y allegados de los desaparecidos. Precisamente una de las demandas habituales de los familiares era la ausencia de información de sus casos, y el CNDES quiere reducir sobre todo esa sensación de frialdad que la administración ha podido dar en alguna ocasión ante este tipo de noticias.

Como ocurrió en la mayoría de los ámbitos de la vida, 2020 estuvo marcado por la pandemia del Covid-19 en lo que se refiere a las estadísticas de desapariciones. Las denuncias han caído a mínimos históricos. Nunca desde que se comenzaron a registrar globalmente los datos, en el año 2010, había habido tan pocos casos abiertos en un año. En España, durante el año pasado había registradas 219.425 denuncias, de las que permanecen activas 4.685. Esto supone una reducción del 15% con respecto al año anterior, cuando seguían abiertos 5.529 expedientes.

De las denuncias que permanecen activas, se estima que más del 76% son desapariciones voluntarias, un 21% involuntarias y menos de un 3% forzosas. El principal motivo del descenso de casos activos se debe al cese de denuncias interpuestas con anterioridad y a que el número de nuevos hechos denunciados fue notablemente inferior al de años anteriores. En 2020 se presentaron 16.528 denuncias, lo que supone un descenso del 37% en relación con las que se pusieron en el ejercicio anterior.

En el primer estado de alarma (de marzo a junio) se redujeron los casos en un 80% en relación con el mismo periodo del año anterior. Finalizado el primer estado de alarma, durante los meses de verano, el número de denuncias se incrementó con respecto a los meses anteriores, pero siguió siendo en todo caso bastante inferior al de los años precedentes. Esta tendencia se mantuvo durante el resto del año, incluido el segundo periodo del estado de alarma, desde finales de octubre hasta el 31 de diciembre.

A las 4.685 denuncias activas hay que añadir otras 8.367 acumuladas desde 2010 que han sido catalogadas como menores extranjeros no tutelados fugados de centros de protección. El país de origen más habitual es Marruecos, con más del 61% de los casos, seguido de Guinea y Argelia, ambos con un 9%. En Málaga hubo el año pasado 29 desapariciones de este tipo. De ellas, 21 fueron de menores que se fugaron de un centro de Torremolinos, cuatro de Cártama y uno de Archidona, Málaga, Alhaurín de la Torre y Cortes.

Se cumplen 13 años de la desaparición en Málaga de la joven irlandesa Amy Fitzpatrick, que tenía entonces 15 años, cuando se dirigía a su casa en Mijas-Costa, sin noticias sobre su paradero. La investigación sobre la desaparición de la joven se mantiene abierta, aunque sin novedades. Amy Fitpatrick pasó la nochevieja de 2007 en casa de su amiga Ashley en la urbanización Calypso de Mijas-costa, donde estuvieron cuidando del hermano pequeño de esta última. La mañana del 1 de enero de 2008 fueron a la vecina localidad de Fuengirola y tras almorzar, visitaron el zoco de Calahonda y regresaron a la vivienda, según explicó en su día la amiga de la joven.

Interior destaca en su informe el elevado número de casos de reincidencia que hay. Más de un 41% de las denuncias registradas en 2020 corresponden a personas que ya habían tenido fugas anteriores. La edad media de los desaparecidos reincidentes está en torno a los 20 años.