Casi medio centenar de personas están siendo investigadas en la provincia de Málaga por delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo. Entre ellos hay promotores, constructores y técnicos directores, según ha informado este lunes la Guardia Civil en un comunicado, en el que ha aportado detalles de la denominada operación Murus. La mayoría de las actuaciones puestas bajo el foco de los investigadores tienen que ver con la construcción de viviendas en suelo rústico y la instalación de piscinas ilegales, enmascaradas como albercas de riego.

La investigación ha sido llevada a cabo durante el año 2023 por agentes de la Guardia Civil de Málaga pertenecientes al Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza), bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga. Así, hay investigadas un total de 46 personas por delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo en la provincia.

Esta operación se inició con el fin de combatir los atentados contra la ordenación del territorio y el urbanismo, para proteger el medio ambiente, el patrimonio histórico-artístico y el paisaje, así como para garantizar un desarrollo urbanístico sostenible y equilibrado en la provincia, han indicado desde la Guardia Civil.

Una de las zonas inspeccionadas por la Guardia Civil durante la operación.

Durante la investigación se ha contado con la colaboración de los Servicios de Inspección de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, así como de los Servicios Técnicos de los ayuntamientos implicados, los cuales han certificado la clasificación de los suelos y la ilegalidad de las construcciones y edificaciones.

192 infracciones

Así, el Seprona ha realizado 179 inspecciones en todas las comarcas de la provincia, detectándose 192 infracciones administrativas, principalmente por carecer de licencia urbanística, no ajustarse al proyecto y/o a la licencia, movimiento de tierras, etcétera.

Todas las denuncias han sido remitidas a los respectivos ayuntamientos, quienes ostentan las competencias en materia de disciplina territorial y urbanística.

De las actuaciones realizadas que atentan contra el suelo han destacado, entre otros, la construcción ilegal de viviendas unifamiliares en suelo rústico, en algunos casos en espacios protegidos, la instalación ilegal de casas prefabricadas con fines residenciales, la construcción de piscinas enmascaradas como albercas de riego, la construcción de barbacoas con fines recreativos sin justificación o la construcción de naves de aperos y su posterior cambio de uso en una vivienda residencial, entre otras.

Los agentes observaron la supuesta comisión de 30 delitos urbanísticos en las poblaciones de Ronda, Mijas, Ojén, Casares, Estepona, Manilva, Coín, Pizarra, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Álora, Alozaina, Canillas de Aceituno, Rincón de la Victoria, Tolox, Competa y Torremolinos. Las diligencias instruidas por estos delitos han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.