Julián Muñoz, de nuevo en el banquillo de los acusados, acepta 18 meses de prisión por fraude y prevaricación urbanística

Julián Muñoz se ha sentado este lunes, otra vez, en el banquillo de los acusados -aunque esta vez lo ha hecho por videoconferencia, ya que ha alegado encontrarse enfermo- por un procedimiento judicial relativo al convenio urbanístico con General de Galerías Comerciales. El que fuera alcalde de Marbella desde mayo de 2002 hasta agosto de 2003 ha reconocido su responsabilidad en delitos de prevaricación continuada, fraude y prevaricación urbanística, por los que se ha conformado con 18 meses de prisión y 15 años de inhabilitación.

Han transcurrido ya más 17 años desde que Julián Muñoz ingresara por primera vez en prisión tras ser condenado a 20 años de cárcel por malversación pública y cohecho continuado en el marco del Caso Malaya, la mayor trama de corrupción urbanística destapada en España. Hace dos años, sin haber cumplido aún las tres cuartas partes de su condena, consiguió la libertad condicional por su estado de salud. Una pluripatología "grave e incurable" a la que se sumó también una afección oftalmológica, también sin cura, según reza un auto de la Audiencia Nacional.

En 2016, el tribunal que juzgó también Malaya acordó acumular las condenas de todos los delitos que cometió entre los años 1991 y 2003, época en la que fue regidor, teniente de alcalde y concejal en el Consistorio marbellí. Este lunes, tras aceptar su responsabilidad en la comisión de infracciones con convenios entre el Ayuntamiento y una empresa para llevar a cabo operaciones urbanísticas en la localidad, Muñoz ha aceptado las siguientes penas: nueve meses de cárcel por fraude y otros nueve por prevaricación urbanística y ha solicitado también acumularlas.

Las otras dos personas que han pasado (físicamente) también en calidad de acusados por la Sección Primera de la Audiencia de Málaga han sido el ex asesor urbanístico y cerebro del caso Malaya Juan Antonio Roca, y el constructor y empresario Tomás Olivo. Ninguno de los dos ha llegado a una conformidad con el Ministerio Público.

Las defensas, durante la exposición de las cuestiones previas, han manifestado que "se desborda el objeto de la causa", pues consideran que el fiscal ha ido añadiendo hechos a la causa cuya relación es "subjetiva" y que además "están prescritos" o que ya fueron juzgados. Aunque han reconocido que la fase de instrucción va evolucionando, han criticado que se trata de "una macrocausa ingobernable con hechos complejísimos" en la que constan acontecimientos que datan de 1994. "¿Qué le vamos a preguntar a un testigo 25 años después?", se preguntaba uno de ellos. De esta manera, han considerado que se está produciendo una "vulneración del derecho a la defensa", así como "cuestiones sorpresivas".

Asimismo, han indicado que el Ayuntamiento de Marbella se ha retirado como acusación particular, por lo que creen "absurdo" solicitar responsabilidad civil cuando "el sujeto perjudicado se declara como no perjudicado".

Por su parte, la Fiscalía ha solicitado contestar a los letrados de los acusados por escrito -para lo que se le ha concedido un plazo de 30 días-. Entonces, la Sala responderá en un auto y se fijará una nueva fecha de juicio, donde ya solo se sentarán Roca y Olivo.