Menos de un año. Este es periodo de tiempo que, según las previsiones de la Junta de Andalucía, podría necesitar la aprobación de los planes especiales mediante los que se abre la puerta a la regularización de hasta 50.000 viviendas construidas de manera irregular en la provincia de Málaga. Así lo ha expuesto este jueves la delegada de Fomento, Cultura y Ordenación del Territorio, Carmen Casero, que ha explicado que el mecanismo al que pueden acogerse desde ya los miles de propietarios afectados, dirigiéndose a sus ayuntamientos, no tiene por qué alargarse muchos meses. "Menos de año", ha indicado.

Este es uno de los detalles comunicados por los responsables autonómicos en la provincia, que han puesto en valor la trascendencia del decreto ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con el objetivo de normalizar la situación de estas viviendas. La cifra estimada excluye todas aquellas que no pueden acogerse a este procedimiento, caso de las que tienen sentencia firme de demolición, las que se encuentran aún en el periodo de actuación judicial (seis años) y las que se sitúan en suelos de especial protección. Al tiempo, desde la Junta se alude a los casos de construcciones sobre espacios inundables.

La delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, ha sido clara al desechar la idea de que el paso adelante supone "una amnistía". "Lo que se busca es normalizar y equilibrar el territorio andaluz y dar respuesta sin dobleces a los dueños; este decreto no es sinónimo de amnistía", ha expuesto, aludiendo a "decenas de miles de familias que de buena fe adquirieron o construyeron sin conocer la normativa". "Llevan años en una situación de inestabilidad y necesitan de una respuesta", ha defendido.

Incluso, en su intento por respaldar el movimiento del Ejecutivo andaluz, Navarro ha señalado que se trata de un mecanismo de lucha contra el despoblamiento en los municipios malagueños. "Si la lucha de todas las administraciones se debe centrar en fijar población y evitar la despoblación e intentar que nuestros jóvenes no abandonen los pueblos hay que ayudar a que esa tradición que ha habido en Andalucia de vivir en el campo no sea un impedimento ni un obstáculo", ha enfatizado.

Al tiempo, ha afirmado que en paralelo al procedimiento ya conocido hay que "intensificar la labor inspectora y sancionadora para que estas situaciones no se vuelvan a repetir". Sin embargo, no ha sabido precisar el personal del que dispone la Administración regional para hacer frente a esta labor inspectora, en la que participa también el Seprona y los municipios.

Sí aprovechó para criticar el "insuficiente" trabajo de inspección realizada por la Administración regional con los anteriores responsables del Gobierno andaluz. "No hubiesen proliferado estas viviendas ni en Málaga ni en otros municipios si se hubiese hecho uso de las competencias en materia de disciplina urbanística", ha afirmado, denunciando que en etapas anteriores se quiso "cargar sobre los ayuntamientos la disciplina sin aportar los medios para ello".

Preguntada por la situación urbanística de Marbella, donde se cuentan del orden de 18.000 viviendas irregulares, Casero ha señalado que no se descarta que algunas de estas construcciones puedan acogerse al decreto, pero ha recordado que ya el Ayuntamiento de la localidad ha puesta en marcha el mecanismo con el que dar solución a las mismas por medio del planeamiento.