El proyecto de construcción de 1.420 viviendas (630 protegidas) en los antiguos suelos de la fábrica de Amoniaco (sector Cortijo Merino), que empezó a gestarse en 2008, parece avanzar ya definitivamente. Casi tres años después de que el plan parcial de los terrenos, promovido por la entidad Reina Marín S.L., recibiese el visto bueno inicial del Ayuntamiento de Málaga, la operación obtiene ahora el informe ambiental estratégico favorable por parte de la Junta de Andalucía, que, no obstante, fija ciertas exigencias a cumplir por la promotora.

La parcela tiene 259.082,43 metros cuadrados y sobre ella se reserva un techo de residencial libre de 69.937 metros cuadrados, un residencial protegido de 57.221 metros, así como 11.450 metros de techo para uso comercial/empresarial. La iniciativa incluye un convenio con el Ayuntamiento para que pueda ocupar parte de la finca para que se pueda ejecutar la adaptación del trazado de la travesía de la carretera A-7054 (antes MA-401), de acceso a Campanillas, entre la Glorieta de María Zambrano y Mercamálaga.

Entre las demandas que tendrá que cumplir la propiedad está la presentación de un informe histórico de situación de los terrenos. "En el documento ambiental estratégico se menciona la presencia de contaminantes en los suelos del ámbito de actuación, como arsénico e hidrocarburos, pudiendo afectar a la calidad de las aguas subterráneas, dado que bajo él ámbito se ubica el acuífero detrítico Bajo Guadalhorce", se precisa en el informe.

En el mismo, se añade que el pasado 1 de agosto, la entidad Reina Marín, S.L inició ante la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible el procedimiento de actuación voluntaria de recuperación de suelos. "En consecuencia, la ejecución del plan parcial queda condicionada a la obtención de un pronunciamiento favorable respecto a la adecuada calidad de los suelos para los usos proyectados, a la luz de los resultados de los estudios de caracterización de suelos y análisis de riesgos correspondientes", se apostilla.

En materia de aguas se apunta la existencia de "ciertas limitaciones en el desarrollo urbanístico", como que en las zonas de servidumbre sólo se permitirán usos compatibles con el paso público peatonal y los servicios de vigilancia, conservación y salvamento, así como para el varado y amarre ocasional de embarcaciones.

Es igualmente reseñable el apunte que desde la Junta se hace en materia de protección del patrimonio, en relación con la identificación y delimitación del potencial yacimiento arqueológico en el sector, así como el estudio y la valoración de la noria de tracción animal localizada hace unos meses y sus elementos anejos. Esto implica que es una "zona de vigilancia arqueológica" donde la concesión de licencia de obra quedará condicionada a la vigilancia del movimiento de tierras por parte de un técnico arqueólogo.

También se habla de la existencia de "un pozo de planta rectangular que da acceso a una construcción soterrada de dimensiones considerables, hecha de sillarejo y ladrillo, con arcos de medio punto y muy bien conservada" y que junto al mismo "se aprecia una canalización soterrada y una alberca". La Junta reclama "una actividad arqueológica de diagnóstico del espacio que, si bien el PGOU define como control de movimientos de tierra, ha de tramitarse bajo la modalidad de sondeos".