La Junta de Andalucía ha tumbado definitivamente la intención de la empresa mixta de limpieza Limasa de adoptar como convenio laboral el pacto alcanzado por la parte privada, el Ayuntamiento de Málaga (que posee el 49% del accionariado) y el comité de empresa el 23 de diciembre del año pasado y que permitió desbloquear la huelga que tuvo a la ciudad cuatro días sin servicio de recogida.

Ese acuerdo, que estará en vigor hasta 2015, no tiene estructura de convenio colectivo tal y como establece el artículo 82 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores al referirse únicamente a parte del articulado (2, 3, 25, 26, 40, 48 y 57), por lo que el Gobierno autonómico entiende que la negociación de esos siete artículos no puede extrapolarse a la totalidad del convenio si no ha habido acuerdo entre las partes". Así de contundente es la última resolución dictada el pasado 29 de septiembre por la Dirección General de Relaciones Laborales de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Esta decisión es fruto del recurso de alzada que Limasa había interpuesto contra la resolución de la Delegación territorial en Málaga y que también se oponía en los mismos términos a dar bueno el convenio, según confirmaron ayer fuentes de este departamento a este periódico.

La intención de los socios privados (FCC, Urbaser y Sando) y el Ayuntamiento de Málaga era que se diera validez al acuerdo como convenio basándose en el real decreto 17/1977 sobre relaciones laborales. En concreto, la empresa se agarra al artículo 8.2 donde se indica literalmente que el pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en convenio colectivo.

Las mismas fuentes explicaron que, si bien "es cierto que el pacto al que se llegue dentro del marco negociador para acabar con una huelga tiene el mismo tratamiento y la misma eficacia jurídica que un convenio, no quiere decir que ese acuerdo sea un convenio si no se han negociado el resto de artículos con la parte social".

Se da la circunstancia de que el proceso impulsado desde la coalición público-privada de Limasa chocó desde el principio con la pretensión de los trabajadores de, tras cerrar el conflicto laboral a finales del año pasado, abrir un periodo de negociación para perfilar ciertos detalles sobre el convenio. Eso hizo que al menos en la parte de la plantilla se considerase que la propuesta de Limasa de dar validez al convenio fuese estrictamente unilateral.

De hecho, el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte (UGT), se mostró satisfecho con la resolución administrativa de la Junta porque "nos reafirma en aquello que defendíamos y que era que el principio de acuerdo alcanzado para acabar la huelga no se podía extrapolar al resto del convenio si no se negociaba artículo por artículo".

La empresa defendió desde el principio que ese documento era suficiente para dar por cerrado el convenio y que el resto de los artículos se mantendrían tal y como están en el anterior. Pero el comité de empresa no lo consideraba así y pedía que se incluyeran garantías para que no se produzca una regulación de empleo durante la vigencia del mismo.

El argumento de la empresa era que en el documento firmado hace casi un año se especificaba en el párrafo tercero que se modificaban los artículos 2, 3, 25, 26, 40 y 48 principales escollos que motivaron la huelga y el anexo relativo a vestuario, mientras que "el resto del articulado se mantenía igual".

Los representantes sindicales se negaron a firmar el convenio e insistieron a la empresa en que había que alcanzar un consenso con el resto del articulado antes de dar por válido el convenio, objeto de discordia entre las partes en los últimos tres años. Pero a pesar de ello, Limasa siguió adelante en su intento de dar por zanjado el asunto con la aprobación del convenio por parte de la Junta de Andalucía como autoridad laboral competente.

Al respecto, Belmonte advirtió que el año que viene "exigiremos que se reanude la negociación y si no pediremos que se restituya el convenio que sigue en vigor".