La Junta admite la dificultad de aceptar las exigencias del alcalde sobre el Metro

La pretensión del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de transformar la hoja de ruta de la financiación del Metro y rebajar a la mínima expresión las obligaciones económicas a asumir por el Ayuntamiento en este proyecto se topa, de inicio, con la oposición de la Junta de Andalucía. Si bien oficialmente la postura de la Consejería de Fomento es la de aplazar la discusión sobre las propuestas municipales a un estadio temporal futuro, fuentes del departamento admiten la imposibilidad de aceptar algunos de los preceptos incluidos en la addenda al convenio de 2003 que puso sobre la mesa el regidor el pasado 11 de noviembre.

De acuerdo con el contenido del documento, dado a conocer ayer por Málaga Hoy, De la Torre no sólo quiere que se le condone cualquier exigencia económica sobre la obra ya certificada y sobre los nuevos tajos pendientes de ejecución, sino que quiere anular la herramienta de la que dispone el Gobierno regional para retenerle dinero de su Participación en los Ingresos del Estado (PIE) en caso de incumplir sus obligaciones. Un principio que acaba de recibir un primer aval por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Este es el planteamiento que, de inicio, más chirría de la proposición y que, dado el comportamiento ya conocido de la Junta en los metros de Sevilla y Granada, más complejo encaje tiene. "El Ayuntamiento lo que hace en esa addenda es pedirlo todo; no sé si es una manera de plantear la negociación para luego rebajar las exigencias", indicó el delegado territorial de Fomento, Manuel García.

Al tiempo, incidió en que todo lo incluido en la revisión del acuerdo original del Metro que hace el equipo de gobierno del PP "está pendiente de las negociaciones que mantengamos una vez cerremos el tema de la compensación por obras de movilidad sostenible". No obstante, sí admitió: "Hay cuestiones como esa (en alusión a la imposibilidad de retener la PIE) que son difíciles de aceptar".

Los detalles contenidos en la addenda propuesta por el regidor del PP, a la espera de conocer la respuesta formal que de la Junta, hacen prever un escenario de controversia en torno, nuevamente, al ferrocarril urbano. En especial en lo relativo a la retención de los ingresos estatales, fórmula que la Junta ha tratado de emplear sin éxito inicial en Sevilla y con el aval judicial en Granada.

Pero no es el único punto que puede entrar en colisión con la posición autonómica. En este sentido, hay que señalar que si bien existe un acuerdo suscrito entre las partes para firmar un convenio por el que el Ayuntamiento quede exonerado de pagar los 32 millones de euros que se le exigen por parte de las obras del Metro ya certificadas, no lo es menos que este compromiso no afecta a los tajos asumidos en solitario por la Junta y en fase o de construcción o de impulso a medio plazo.

Por ello, el alcalde plantea en la addenda que el Consistorio "quede exento de cualquier obligación de financiar el coste de la inversión acometida y de la pendiente de ejecución", medida que propone extender a la colaboración en los trabajos de reposición de los servicios afectados por las obras. Último aspecto que se traduce, a día de hoy, en una factura de unos seis millones de euros con cargo en las arcas municipales.

Insiste, además, en la necesidad de que el Ayuntamiento pague menos de lo inicialmente previsto por el funcionamiento y subvención del billete del Metro una vez entre en servicio. De la Torre no quiere pagar los 10 millones en los que Fomento estima su aportación anual. De hecho, tal y como se recoge en el documento oficial, el alcalde pide partir de los parámetros económicos de 2004, cuando la tarifa técnica era de 1,94 euros (muy inferior a la actual) y minimizar más aún la participación en los costes detrayendo de los mismos el déficit que la puesta en funcionamiento de los trenes tendrá sobre la Empresa Malagueña de Transportes (EMT). Como referencia sirva que el Consistorio ha destinado este año 1,3 millones más a sufragar el déficit de explotación de los autobuses urbanos ante la previsión de que el Metro echase a andar a finales del presente año.