La Junta localiza la finca de Coín en la que se originó el devastador incendio

Era la principal hipótesis que se barajaba sobre la causa del peor incendio ocurrido en la provincia de Málaga en las últimas dos décadas y ayer quedó confirmada. El informe realizado por la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) no deja lugar a dudas y asegura que fue, como ya adelantó este periódico el miércoles, la quema de restos de poda en una finca de Coín lo que originó el pasado 30 de agosto el devastador fuego que arrasó 8.225 hectáreas de seis términos municipales y se llevó por delante la vida de una persona.

El punto de origen del incendio, según las conclusiones del informe que hizo público ayer la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente pese a que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil aún no ha terminado la investigación, fue presuntamente en el interior de una finca ubicada junto al pie de monte de la ladera del cerro Alaminos, y junto al carril denominado Charco del Infierno. En este lugar, los investigadores encontraron evidencias y restos vegetales de adelfas, ciprés, palmera y jacaranda, con los que se había realizado una hoguera que, al parecer, fue abandonada cuando estaba todavía incandescente. Eso propició que las llamas se propagaran en dos frentes, uno hacia el norte en dirección a caseta Alaminos y otro hacia el oeste en dirección a Barranco Blanco, que fue el paraje desde donde se dio aviso del incendio sobre las 18:50 de la tarde de aquel fatídico día.

Pese a que se conoce el punto exacto desde donde partió el fuego, según pudo saber ayer este periódico, no se ha podido determinar aún la autoría de la hoguera. La finca desde donde supuestamente habría partido el fuego está formada por dos viviendas, una habitada por temporadas por un ciudadano extranjero que no se encontraba en el país aquel día y la otra alquilada a otros forasteros que presuntamente tampoco estaban en la casa en el momento en el que se declaró el incendio. La investigación se centra sobre las personas que pudieron tener acceso a la finca para realizar las tareas de poda de los árboles que la adornaban, aunque por el momento no ha habido ningún detenido.El presunto autor de este incendio se enfrenta a un delito por negligencia al haber realizado una quema de restos vegetales a pesar de ser una actividad que totalmente prohibida durante la época de peligro alto de incendios en zonas forestales y zonas de influencia forestal, como era el lugar donde se originó este siniestro.

El informe completo de la brigada de investigación ha sido remitido tanto al fiscal jefe de la sala de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Málaga como al equipo del Seprona de Málaga para su unión a las diligencias policiales. Sin embargo y, al parecer, la jueza de Coín que instruye el caso aún no ha ha recibido una copia del mismo. Se desmonta así la hipótesis esgrimida por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, el día después de declararse el incendio y que apuntaba a una posible intencionalidad, y la de la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, que apuntó hace sólo unos días a que la investigación se centraba en una quema de rastrojos en una zona entre Ojén y Marbella.

En el documento, también se detallan las condiciones meteorológicas que hubo ese día y que facilitaron que las llamas se propagaran con una gran virulencia dado que la temperatura superaba los 37,6 grados, la humedad relativa se encontraba en un 18%, mientras que el viento de terral alcanzó rachas de hasta 34 kilómetros por hora. Es decir, se cumplía la regla de los tres treinta (más de 30 grados de temperatura, menos del 30% de humedad relativa y más de 30 kilómetros por hora de viento) que indica un contexto muy desfavorable en caso de incendio.

Tal fue su virulencia que obligó al desalojo por completo del pueblo de Ojén y también la evacuación de la zona de Barranco Blanco en Coín, las urbanizaciones de Entrerriíos y Fuente Las Tejas en Mijas, la zona de Elviria y el refugio del Juanar en Ojén, además de otros edificios administrativos. En total, más de 5.000 personas fueron desalojadas de forma preventiva por el avance del fuego que también motivó el corte de la autopista AP-7 y la carretera A-355. Un dispositivo de extinción sin precedentes, formado por unas 1.100 personas, fue movilizado para hacer frente a un incendio que tardó cuatro días y medio en darse por extinguido.