Educación

La Junta destina 60 millones para retirar el amianto de los centros escolares

  • La Administración regional contempla actuar en 220 colegios e institutos de la región hasta el año 2022 en dos fases.

La Junta de Andalucía destinará un total de 60 millones de euros al plan de retirada progresiva del amianto en unas 220 infraestructuras públicas educativas de la comunidad -un 3% de los centros escolares públicos andaluces-, una retirada que comenzará este verano. La misma tendrá dos fases y se prolongará hasta el año 2022 para "hacerlo compatible con la actividad escolar, ya que solo se pueden retirar los materiales en periodo de vacaciones". Si bien por el momento no han trascendido datos provinciales, la realidad es que Málaga se verá beneficiada de esta iniciativa. Cabe un estudio realizado por la Plataforma Málaga Amianto 0 y el sindicato de enseñanza CGT concluyó que casi el 33% de los 80 colegios revisados tenían a simple vista placas de uralita.

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, precisó en la comparecencia para explicar esta iniciativa que "no hay ninguna situación de riegos para la salud en ningún centro educativo" y que "se actuará a partir de ahora de acuerdo a informes que determinen los técnicos de la Consejería de Educación".

El programa se desarrollará en dos etapas. La primera, entre 2016 y 2020 y con un coste de 40 millones, tendrá como objetivo elaborar un registro de instalaciones, tanto de titularidad municipal como autonómica -escuelas infantiles, colegios de Infantil y Primaria, institutos de Educación Secundaria, centros de Educación Especial, Escuelas Oficiales de Idiomas, centros de enseñanzas artísticas y residencias escolares-. Además, este mismo año ya se acometerán por vía de urgencia una treintena de intervenciones en las infraestructuras donde se constata riesgo de desprendimiento de fibras. Los trabajos se realizarán de forma compatible con el calendario escolar, para no interferir en el funcionamiento de los centros y según la normativa vigente. La segunda etapa, a desarrollar entre 2021 y 2022 y con un coste estimado de 20 millones, se centrará en el resto de instalaciones afectadas.

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