La Junta le pasa la factura del Metro a De la Torre

La Junta de Andalucía busca torcer la negativa del Ayuntamiento de Málaga a permitir que el Metro discurra en superficie por la Alameda y el Paseo del Parque a fuerza de números. Los representantes de la Administración regional le pusieron sobre la mesa al Consistorio la factura que, conforme a los compromisos asumidos por ambas partes hace ahora casi diez años, tiene que pagar. Y la cuenta, por lo conocido ayer en el marco de la comisión de seguimiento del proyecto, no es para nada barata.

Sólo tomando en consideración las aportaciones que debería haber realizado el equipo de gobierno en la fase de construcción de la infraestructura, la misma alcanza, en el mejor de los casos, los 63,62 millones de euros, dato que subiría hasta superar los 80 millones si el alcalde, Francisco de la Torre, mantiene sus tesis de que la única manera de que los trenes lleguen al centro sea bajo tierra. Pero estos no son los únicos dígitos que dibujan la realidad económica presente y futura del ferrocarril urbano, ya que a lo que cuestan los trabajos hay que sumar lo que costará mantener el suburbano una vez entre en servicio.

¿Y cuánto es? El viceconsejero de Fomento, José Antonio García Cebrián, por vez primera en la historia del Metro, aportó luz a lo que durante años ha sido un interrogante. Los estudios concluyen que la penalización por no completar el recorrido de los trazados de Carretera de Cádiz y Teatinos hasta La Malagueta son más que onerosos. Mientras el coste de explotación y subvención de los viajes alcanzaría los 47 millones de euros una vez los trenes alcancen este punto final (dado que se lograría el punto de equilibrio con unos 20 millones de viajeros), no hacerlo supondrá añadir 10 millones más hasta que eso ocurra. Cuantías que, en cualquiera de los casos, han de ser asumidas por la Junta, en un 75% y por el Ayuntamiento, con el 25% restante, durante más de treinta años.

De acuerdo con esta radiografía, a la espera de conocer los costes exactos de explotación en los próximos dos años, cuando el Metro alcanzará, primero, El Perchel, y después, el entorno de El Corte Inglés, lo que deja claro la Junta es que aplazar en el tiempo la terminación del trazado hasta la estación término saldrá muy caro.

El principal escollo se produce al superar el espacio temporal de 2015, cuando, según las estimaciones de Fomento, se podría llegar hasta La Malagueta en superficie. Según los datos aportados ayer por el responsable regional, el rechazo municipal a terminar la obra a ras de calle por la Alameda y el Parque obligaría a desplazar, como poco, su conclusión al año 2020 (y ello siempre que las condiciones económicas lo permitan), lo que equivaldría a un sobrecoste en la explotación de 50 millones de euros (de los que la Junta aportaría 37,5 millones y el Ayuntamiento, 12,5).

"Estas cifras aconsejan una reflexión por parte del Ayuntamiento, porque todo lo que se tarde en llegar a La Malagueta es dinero que gastarán los ciudadanos andaluces y, sobre todo, los malagueños", expuso García Cebrián, que recordó que la inversión ejecutada en el proyecto asciende a 550 millones. "Pretendemos que cueste lo menos posible para el Ayuntamiento y para la Junta, porque la Junta tiene un presupuesto limitado", añadió. Afirmación que contrasta con lo que semanas atrás dijo el presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, que negó que el problema del ferrocarril urbano fuese económico. Por todo ello, la Junta insiste en que "ir en superficie" en la parte final "es la única solución posible".

La reunión que los socios en el proyecto del Metro mantuvieron ayer, marcada por la tensión y por las "sorpresas", que dijo llevarse el alcalde ante los planteamientos autonómicos, no permitió, sin embargo, saber con exactitud qué hará el Ayuntamiento ante la factura expuesta por el Gobierno regional. Ante la hipótesis de que De la Torre, como ocurre en Sevilla, con el asunto en la vía judicial, se niegue a aportar lo que le corresponde, el número dos de Fomento dejó claro que el Metro funcionará. Y añadió: "Tenemos la necesidad imperiosa de cumplir con los plazos; incumplirlos tiene consecuencias económicas y jurídicas perjudiciales para las dos administraciones".

No parece que el objetivo inicial de la Junta se cumpliese, porque tras conocer los números el alcalde volvió a dejar clara su rechazo al Metro en superficie. "No nos vamos a mover de ahí", apostilló. Sobre si pagará o no lo que se le exige ahora, el alcalde aludió a la necesidad de profundizar en las cuestiones propuestas, para lo que se prevén dos nuevas reuniones en marzo y otras dos en abril. "Es una reunión sorprendente o sorpresiva, con efectos económicos preocupantes", dijo el regidor a los medios de comunicación al término del encuentro.

El principal motivo de crispación estuvo generado por la decisión de la Junta de pasarle la factura no sólo de los tramos ejecutados mediante el sistema de concesión (32,31 millones), sino también de aquellos que decidió unilateralmente la Junta rescatar y ejecutarlos en solitario (31,31 millones si la parte final se hace en superficie o 48,55 millones si es bajo tierra). Es esta última parte de la obra la que representa más de la mitad del dinero que ahora se le pide al Consistorio.

Ante esta novedad, el Ayuntamiento estudiará jurídicamente "la interpretación que hace la Junta sobre los tramos nuevos", algo que De la Torre consideró "políticamente chocante". Desde su punto de vista, la inversión sobre los tajos recuperados de la concesión (tramo en superficie de la Universidad, Renfe-Guadalmedina, paso bajo las vías del tren, y, en un futuro, Guadalmedina-Malagueta), iban a ser costeados íntegramente por la Administración regional. Sobre ello, argumentó que en la decisión adoptada por la Junta no participó el Consistorio.

Asimismo, pidió que se estudie los efectos que tendría sobre los costes de explotación la posibilidad de prolongar el trazado del suburbano hasta la Plaza de la Marina, como punto intermedio antes de alcanzar La Malagueta. De acuerdo con las previsiones municipales, ese paso permitiría mejorar sensiblemente los números de viajeros y redundaría en positivo al rebajar las aportaciones al funcionamiento y la subvención del billete.