La Junta quiere que el Consistorio asuma parte de las expropiaciones del plan de las 'tecnocasas'

El convenio que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga firmaron en agosto de 2005 para rehabilitar los arrabales del centro histórico y construir varios cientos de viviendas de protección oficial (VPO) se hace añicos. La Consejería de Fomento anunció ayer su intención de denunciar el acuerdo, al considerar que es "de imposible cumplimiento. Entre otros motivos, según el delegado provincial de Fomento, Manuel García, porque buena parte de los suelos expropiados para edificar pisos sociales no reúnen las condiciones adecuadas para hacerlo, bien por cuestiones técnicas o económicas.

En este sentido, García, que mantuvo una reunión con el equipo de gobierno del PP, reclamó que parte de las enajenaciones de fincas ya abonadas y de aquellas que aún están pendientes de pagar por la Junta sean subrogadas por el Consistorio. Para ello, alegó que algunas de estas fincas fueron adquiridas con recios de entre 700 y 800 euros el metro cuadrado, muy por encima de lo razonable para la ejecución de VPO. "Hay parcelas que estarían pagadas indebidamente", añadió.

Con este paso, la Junta quiere contrarrestar la decisión del Ayuntamiento de exigirle el abono, en un plazo máximo de diez días, de los 7,3 millones de euros que quedarían por pagar en concepto de expropiaciones, a los que sumar otros 8 millones ya pagados. Otro argumento empleado por el delegado para justificar esta determinación es que algunos de estos suelos han visto cambiar su calificación en el nuevo planeamiento urbanístico, pasando a ser concebidos para la construcción de viales o de zonas verdes. "La voluntad de ambas administraciones es dar solución a lo que queda por pagar, pero ¿quién tiene que pagarlas?", se preguntó García, que admitió la existencia de "disparidad de opiniones". Incluso, no descartó la posibilidad de acudir a la vía judicial si el Ayuntamiento rechaza el planteamiento de la Administración regional.

Por su parte, el delegado municipal de Ordenación del Territorio, Diego Maldonado, consideró la denuncia del convenio de "error y sin justificación". "Nos mostramos en contra porque es un convenio entre dos partes que contó con todos los beneplácitos y que afecta a terceros", declaró, al tiempo que añadió: "No parece lógico que ahora por el hecho de que sean otros los que tienen la responsabilidad en la consejería se decida romper con lo que existía de manera unilateral".