La Junta trata de salvar 'in extremis' el bloqueo en el Guadalhorce

La Junta de Andalucía trata ahora, in extremis, de salvar el bloqueo que el plan de riesgo de inundabilidad del río Guadalhorce elaborado por la Consejería de Medio Ambiente está generando desde hace meses sobre buena parte de los suelos industriales de Málaga capital, así como áreas de potencial desarrollo de Alhaurín de la Torre y Cártama. El paso adelante dado ayer por la Administración autonómica se produce, eso sí, con un documento ya aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado día 3 y solo pendiente de ser ratificado por el Consejo de Ministros antes de entrar en vigor.

A pesar de la premura de los tiempos, la reunión celebrada ayer, a la que asistieron el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal; los alcaldes de los tres municipios afectados; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y el gerente de la Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma), Francisco Javier Moreno, sirvió para poner en marcha desde la próxima semana una mesa de trabajo en la que avanzar en esta cuestión.

Conforme a la explicaciones realizadas por el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, el plan diseñado para la cuenca del Guadalhorce sí incorpora como obras mediante las que minimizar el riesgo de inundabilidad la ampliación del puente de la antigua N-340 y el recrecimiento del encauzamiento del río hacia la zona de Campanillas. Será objeto de los próximos encuentros técnicos el diseño de un calendario de ejecución de estas intervenciones, el presupuesto de las mismas y el apunte sobre qué administración ha de asumir su desarrollo. En el caso concreto de la sustitución del puente, según el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, todo apunta que debe ser el Gobierno central el que asuma su inversión, siendo estimada la actuación "en unos 60 o 70 millones de euros".

Pero el gran interrogante al que por el momento no ha dado respuesta la Junta es qué ocurre desde el punto de vista urbanístico y de seguridad jurídica con los terrenos ya consolidados y sobre los que se asientan del orden de 3.000 empresas, con unos 30.000 empleos. La sombra generada por el plan de inundabilidad ha hecho que, según los propios empresarios, se hayan visto afectadas en los últimos meses del orden de una decena de inversiones.

"Debe haber una redacción en los documentos que despeje cualquier tema de inseguridad, que los suelos consolidados puedan tener una actividad, un desarrollo, una posibilidad de ampliar e invertir con normalidad", destacó De la Torre, tras el encuentro. Una posible solución, según señalaron los intervinientes, podría ser la de crear una especie moratoria, de tal forma que las afecciones propias de la inundabilidad sobre estos espacios ya existentes quedasen suspendidas hasta la ejecución de los trabajos de eliminación de riesgos.

Sobre este escenario próximo, el delegado del Gobierno andaluz, precisó que el documento no desclasifica el suelo ya consolidado, mientras que "los futuros desarrollos tendrán que condicionarse a la ejecución de las medidas correctoras o la realización de una serie de medidas de defensa". "Vamos a dar la seguridad jurídica que transmite el documento con las medidas correctoras", indicó.

"Hay que despejar y clarificar cualquier actuación a desarrollar sobre los terrenos que estén afectados, despejar muchas de las dudas que hay", incidió Ruiz Espejo, quien tomó la palabra ante la negativa del consejero de ser él el que ofreciese explicaciones. Incluso, habló de la posibilidad de que en el grupo de trabajo próximo se tomen en consideración "estudios que tengan los municipios o los empresarios para ciertas cuestiones que haya que corregir en el propio plan". Algunos de estos apuntes que ahora sí parece querer tener en consideración la Junta fueron rechazados en el periodo de alegaciones al que fue sometido el documento.

La "prioridad absoluta" es el puente del Guadalhorce, destacó el regidor del PP. "Es la más urgente, no creo que haya una más urgente en España", llegó a enfatizar, al tiempo que subrayó que con su materialización "el panorama cambia radicalmente". Todo ello, apostilló, ha de estar incorporado al Plan Hidrológico Nacional.

El presidente de los empresarios andaluces valoró el encuentro y se mostró confiando en que el mismo permita aclarar el escenario inmediato. A su juicio, la trascendencia de solventar el problema de inundabilidad es tal que se trata de la "principal amenaza" sobre el desarrollo de la capital de la Costa del Sol. "Lo que queremos los empresarios es que las instituciones marchen unidas; todos convenimos en que el informe es quizás desafortunado en determinadas cuestiones o que le faltan las medidas correctoras", expuso, al tiempo que incidió en la necesidad de "delimitar la situación en la que se encuentran las empresas para saber si pueden seguir trabajando allí y transmitir confianza, seguridad jurídica".