Málaga

La Junta suspende los proyectos en suelos urbanizables del litoral

  • La Administración autonómica aprueba un decreto ley que paralizará seis meses los trámites urbanísticos de los municipios costeros hasta determinar si sus planes de desarrollo son viables

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La Junta iniciará en los próximos días la revisión de los planes de los ayuntamientos costeros y, en los próximos seis meses, les suspenderá la tramitación de los proyectos que tuvieran previstos. Esta iniciativa es consecuencia de que sólo diez de 62 municipios costeros andaluces se han adaptado al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) de 2005 y por lo tanto algunos tienen vigentes planes de desarrollo de hace diez o veinte años en los que pudiera haber previsiones de crecimiento por encima de las posibilidades actuales. Aunque las presiones urbanísticas ya no son las de décadas pasadas, cuando afloraron planes y leyes de control urbanístico para evitar la marbellización del litoral andaluz, la Junta quiere reforzar ahora la protección del litoral e, igualmente, comprobar cuáles de los proyectos que prevén los municipios pueden ser viables económicamente. Por esta razón, ningún proyecto es descartable hasta que se analice.

El decreto ley de medidas urgentes para adecuar la planificación urbanística en el litoral, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta, suspende cautelarmente los trámites en estos municipios no adaptados al POTA hasta que un futuro Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que se espera tener listo en enero, se someta al trámite de información pública, sobre junio. A partir de entonces las medidas cautelares afectarán a los terrenos que no superen ese examen y, en el caso de que el plan se retrase, el decreto ley tiene un plazo de vigencia de dos años.

Así la Junta analizará esas situaciones "durmientes" en el litoral, en palabras del consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Luis Planas. El plan establecerá los objetivos y criterios de protección de los primeros 500 metros de costa. Hasta ahora los planes subregionales más ambiciosos comprendían 200 metros, el doble de los cien metros de la Ley de Costas del Gobierno.

La Junta se afanó ayer en marcar distancias con las políticas del Gobierno central y la "desregularización" que ha provocado con su reforma de la Ley de Costas. Pasada la primera línea de playa, ya es competencia de la Administración autonómica y ahí es donde la Junta va a revisar los suelos, eso sí, los no sectorizados o aquellos que ya han sido programados por los ayuntamientos pero aún no cuentan con planes parciales. La novedad es que por primera vez se analizarán los suelos urbanos, ya que antes sólo se vigilaban los no urbanizables.

Todos los demás que hayan sido aprobados seguirán adelante, así como los planes de los ayuntamientos del litoral adaptados al POTA y, que en el caso de la provincia son Fuengirola, Málaga y Marbella.

Más allá de los municipios del litoral, el decreto ley introduce medidas (otra vez) para incentivar a los municipios a que adecuen sus planes urbanísticos al POTA. El decreto recoge que la revisión debe haberse efectuado en el plazo contemplado en los planes y, si no lo especificaron, en los ocho años siguientes a su entrada en vigor. Los que hayan superado los plazos tienen obligatoriamente que acogerse a las restricciones que marca el POTA y que impide crecimientos urbanísticos por encima del 30% de su población o del 40% de su superficie.

La reacción de algunos alcaldes malagueños no se hizo esperar. Para el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), se trata de "un nuevo ataque frontal a los municipios" y calificó el decreto como "una nueva improvisación del urbanismo sin sentido que practica la Junta". Así, recordó que llevan cuatro mandatos tratando de adaptar el PGOU sin poder sacarlo adelante por los "continuos cambios en las leyes y en los criterios que van saliendo en función de los despachos y de los consejeros de turnos". La medida afectaría a los proyectos que están al norte de la antigua N-340, sobre todo, en Torre de Benagalbón.

El alcalde de Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla (PP), por su parte, advirtió que el acuerdo "puede estar invadiendo competencias municipales" y aseguró que "se trata de una limitación enorme en la que además no está teniendo en cuenta los desarrollos urbanísticos aprobados por ellos mismos". En la capital de la Axarquía, una de las zonas más afectadas sería el proyecto de Playa Fenicia en la desembocadura del río Vélez, clasificado por la Junta de Andalucía como polo de dinamización turística.

También se mostró especialmente crítico el alcalde de Mijas, Ángel Nozal, que considera que la decisión de la Junta "invade la autonomía municipal y que la misma ha sido adoptada de forma unilateral, sin consensuarla con los ayuntamientos". Advirtió que acarreará problemas urbanísticos en lugares específicos de la Costa, como en determinados puntos del término municipal de Mijas, en los que la autovía se sitúa a escasísima distancia del borde marítimo

Más prudente fue la alcaldesa de Benalmádena, Paloma García Gálvez, que señaló que "aún se desconoce el contenido del decreto ley y será necesario estudiarlo con mayor profundidad antes de pronunciarse. La información de la que hasta ahora disponemos no nos permite hacer juicios de valor ni conocer la repercusión real de la medida adoptada por la Junta".

Al ser preguntado por los efectos que tendrán en Marbella las medidas que ha aprobado la Junta para proteger el litoral, el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, también señaló que las valorará cuando las haya estudiado.

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