La bahía de Málaga amanece. El mar está calmo, y parece un espejo. Refleja los tonos claros rosados y azules de la bóveda del cielo. Aunque sus colores se hacen más rojizos cuando la bóveda se aproxima a la línea del horizonte, en su contacto con el mar. En la zona del inmediato nacimiento del sol los colores se encienden de manera violenta: rojos, naranjas, amarillos. Por el contrario, la tierra es un fondo oscuro ante al cielo y el mar. Con su forma de media luna abraza el espejo del mar. Como contrapunto destaca el borde ondulado y quebrado de los montes elevándose sobre la línea de la costa. A escasos cientos de metros de la playa se encuentra un espacio amplio que desea ser bosque urbano mediterráneo. En otra parte privilegiada de la bahía, el mar se entrega a la arena de la playa. Hacia el interior la arena está colonizada por el ecosistema propio del lugar. Su flora y fauna son habitantes de un ecosistema de ribera que es necesario para sus formas de vida. Son únicas en el litoral de la bahía. La ciudad permanece a la espera. Sus residentes se desperezan preparándose para comenzar un nuevo día. Pronto las calles del centro presentarán el bullicio urbano habitual.

Sin embargo, la ciudad y su amplio territorio próximo están amenazados gravemente en varios lugares y frentes. Lo detecta su paisaje. Lo denuncia su ciudadanía. Lo presiente su flora y su fauna. A sus pobladores no se les ha consultado ni opinión ni deseos sobre las inminentes transformaciones que se avecinan. Sin equidad no hay justicia. Sobre el paisaje de la bahía pende -como la espada de Damocles-, la sentencia de violación del rascacielos proyectado por la empresa del grupo catarí Al Bidda en el puerto. El aire de la zona este de la bahía se ve oscurecido por la contaminación escupida por la incineradora de residuos urbanos de la empresa alemana Heildelberg Cement, antes Italcementi. Su toxicidad contamina el comportamiento de muchos políticos y medios de comunicación de la ciudad. La empresa Sareb (banco malo creado por el Estado), pretende construir en los antiguos solares de Respsol -planificados zona verde en los años 80-, un gran complejo en su lugar, e impedir el bosque urbano que compensaría la desigualdad entre las zonas verdes de los distritos ricos y pobres de la ciudad. El centro de la ciudad ha perdido en los últimos años el 50% por ciento de su población residente, porque sus calles y viviendas sufren transformaciones que van en contra de poder ser habitado dignamente. Más allá, la empresa del catarí Al Thani, en connivencia con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, elimina en estos momentos posiblemente restos arqueológicos fenicios, y los últimos ecosistemas de ribera marítima del litoral malagueño, así como su flora y su fauna. Y en Marbella, la franja del litoral urbano se siente amenazada por la ampliación de un gran puerto deportivo, donde intervino en su promoción inicial el mencionado Al Thani. Una inmensa superficie de terreno rural de la Serranía de Ronda puede ser violentada por la autovía de peaje (privada) Marbella-Ronda que promocionaba la Junta de Andalucía. Y en Ronda, la condena del inicio de la obras de la macro urbanización de Los Merinos se cierne todavía sobre un extenso territorio de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Nieves.

Critica que a los ciudadanos no se les consulten las inminentes transformaciones

Las plataformas y asociaciones Defendamos Nuestro Horizonte, Aire Limpio Málaga, Bosque Urbano Málaga, contra la autovía de peaje, a favor de los residentes del Centro de Málaga, del Arraijanal, contra la ampliación del puerto de Marbella y la gran Urbanización de Ronda defienden las cualidades de sus espacios habitables, que entre otras cosas son comunes, es decir, de toda la ciudadanía. No es tanto que se opongan a los proyectos y al desarrollo en sí, sino que cuestionan cómo ese crecimiento les va a afectar y cambiar sus vidas cotidianas, sin aportarles ningún beneficio; y previsiblemente sólo perjuicios.

La investigación que desarrolla la Universidad de Málaga, junto con las plataformas locales de defensa ante estos grandes proyectos e intervenciones, ha desvelado el gran valor de sus iniciativas. Es cierto que las debilidades de las plataformas son grandes, que sus fuerzas están mermadas, que sus ciudadanos persiguen utopías, pero la cualidad y validez de sus planteamientos son muy destacables. Cuando se entienden como movimiento conjunto, surge de forma natural una idea de derecho a la ciudad y de justicia espacial profundamente democráticos. Porque desean preservar la calidad de vida que disfruta cada una en su propio lugar, pero también la que se disfruta en común en la ciudad. Por ello, defienden la mesura en la creación de nuevas necesidades, la reducción del consumo y de las dimensiones de las infraestructuras y la construcción en general, la distribución de los recursos, y sobre todo defienden lo del lugar frente a lo descarnado, abstracto y los puros números del dinero, y exigen disponer de más información y más democracia real. No son cuestiones ideológicas.

Las plataformas y asociaciones locales no sólo deben ser cuidadas con esmero, sino protegidas para que perseveren en sus principios y fines. Los políticos, los urbanistas y los medios de comunicación deberíamos fijarnos más en la vida cotidiana de la ciudad, de sus barrios, de sus calles, antes que hablar de planes urbanos, proyectos y demás. Aprenderíamos que la ciudad no se hace en los despachos, sino que la hace la gente en la calle, en su espacio. La función de una auténtica política del común debe partir de lo que existe, de lo que ya tenemos. Y por ello es prioritario fomentar esa vida local que defiende y reclama justicia espacial aquí y ahora, y para toda la ciudadanía: un paisaje de la bahía más despejado y azul, un aire de la ciudad más puro y transparente, un verde urbano más intenso, un mar, un litoral y unas sierras más naturales, una fauna y una flora más propias, una población del centro histórico y de toda la ciudad más feliz en sus casas y en sus calles.

• José María Romero es doctor arquitecto y profesor de la Universidad de Granada. Colaboran en este artículo: Yolanda Romero, doctora en Turismo y profesora de la Universidad de Nebrija y de la Universidad Abierta de Cataluña; Enrique Navarro, doctor en Geografía y profesor de la Universidad de Málaga; Eduardo Serrano, doctor arquitecto; Sabina Habegger, doctora en Pedagogía; Fernando Ramos, arquitecto; Rubén Mora, arquitecto; y Alicia Carrió, arquitecta.
• La investigación que da lugar a este artículo se inscribe en el proyecto I+D titulado Crisis y reestructuración de los espacios turísticos del litoral español (CSO2015-64468-P) del Ministerio de Economía y Competitividad.