Tribunales

Juzgan en Málaga a un cura al que intervinieron miles de archivos de pornografía infantil

  • La Fiscalía solicita nueve años de prisión para el sacerdote en el juicio que comenzará el jueves

  • Entre el material encontrado había grabaciones en la playa a niños, menores posando sin ropa y vídeos de cámaras ocultas en baños

Entrada principal de la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Entrada principal de la Ciudad de la Justicia de Málaga. / Javier Albiñana (Málaga)

La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar el próximo jueves, 25 de marzo, a un cura al que le intervinieron miles de archivos de pornografía infantil, muchos de los cuales, supuestamente, había compartido con otros usuarios en la red. La Fiscalía solicita que se le imponga una pena de nueve años de prisión.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, el acusado utilizaba una conexión a Internet a nombre de su madre, ya que vivían en pisos contiguos desde 2017 cuando él se trasladó a Málaga desde Coslada (Madrid) donde era profesor de un instituto para cuidarla. En Málaga no ejerció la docencia.

Así, en el registro de uno de los inmuebles se encontraron varios equipos informáticos y multitud de dispositivos de almacenamiento masivo con archivos de pornografía infantil -entre ellos, más de 400.000 imágenes y vídeos- y en el otro domicilio había varios discos duros y muñecos de apariencia realista de menores, según señala la acusación pública.

El escrito provisional del ministerio fiscal precisa que entre los archivos encontrados en la investigación había "numerosas grabaciones en la playa enfocando a niños, imágenes de menores posando sin ropa y vídeos tomados con cámara oculta en baños, entre otros contenidos de tipo pornográfico".

El acusado fue suspendido cautelarmente de sus funciones relativas al ejercicio del ministerio sacerdotal tanto en Alcalá de Henares como en Málaga. Se le acusa de un delito de tenencia, producción y distribución de pornografía infantil de notoria importancia.

Además de los nueve años de prisión, la Fiscalía solicita que se le imponga al procesado otros nueve años de libertad vigilada y se le prohíba desempeñar empleo relacionado con menores durante el mismo periodo de tiempo.

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