Málaga

"Legalmente no pueden echar para atrás una aprobación que está hecha"

  • La promotora del hotel de Moneo recuerda que hay "aprobaciones que no se pueden obviar"

La empresa promotora de la operación urbanística de Hoyo de Esparteros, que incluye un hotel y un edificio de oficinas diseñados por Rafael Moneo, quiso poner ayer coto a los interrogantes generados por cuatro de los cinco partidos políticos que tendrán representación en el próximo Ayuntamiento de Málaga en torno a la posibilidad de modificar seriamente el contenido de esta iniciativa privada. La posición común de PSOE, IU y Málaga Ahora, y con ciertos matices de Ciudadanos, pasa por evitar la demolición del edificio La Mundial, cuya desaparición es clave para poder ejecutar la propuesta de Moneo.

La apertura de este debate se produce ante la incapacidad del Partido Popular, garante de la actuación en los últimos mandatos, de frenar un hipotético frente común de esta terna de grupos, que, frente a los 13 ediles populares, podrían alcanzar 18 concejales. En este escenario, el administrador de Promociones Braser, José Luis López, es claro al recordar que con independencia a que haya personas que estén de acuerdo o no con la demolición de La Mundial "hay una serie de aprobaciones que no se pueden obviar".

"Legalmente no me pueden echar para atrás una aprobación que ya está hecha. Respeto que haya gente que diga que le gusta o no lo de La Mundial, pero si lo que hemos hecho cumple la normativa...", explica López. La propuesta de Moneo sitúa el hotel de cuatro estrellas parcialmente sobre el suelo ahora ocupado por antigua pensión. La misma, tras ser demolida, será reproducida más hacia el norte, integrando ciertos elementos como la herrajería que sí serán conservados.

López subraya que la simple aceptación del mantenimiento en pie de La Mundial invalidaría el proyecto en su globalidad, dado que sería necesario iniciar la tramitación desde el principio, "calcularlo todo de nuevo". "Es imposible", incide el promotor de una actuación que se remonta a hace unos trece años.

El principal escollo con el que se encuentra Braser, y al que pueden agarrarse algunas formaciones para reclamar la anulación de la propuesta, es que aún no ha hecho frente a las obligaciones económicas que tiene suscritas con el Ayuntamiento. El acuerdo firmado por la empresa y el Consistorio incluía la obligación de abonar 4,8 millones de euros a principios del pasado mes de febrero.

Sin embargo, la empresa no pudo responder a esta exigencia por problemas en la financiación. Por ello solicitó una ampliación del plazo en tres meses, finalmente concedida por Urbanismo. Pero este segundo hito tampoco se ha cumplido, llegando Braser a pedir otros dos meses. Actualmente, los técnicos del organismo municipal están analizando la documentación presentada antes de pronunciarse. Algunas fuentes aluden a la posibilidad de que pague esta suma a principios del mes de julio.

"Estamos moviendo todos los hilos para cerrar cuanto antes la financiación; técnicamente sólo nos queda el plan de urbanización; son cuestiones técnicas", añadió López, quien confirmó que lo primero que pedirá cuando se constituya la nueva Corporación municipal será que la Junta de Gobierno Local apruebe el plan de urbanización del sector. A partir de ahí, el camino quedará libre para disponer de la licencia e iniciar los trabajos.

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