Limasa ingresará en la primera quincena de noviembre unos mil euros a cada trabajador en concepto de atrasos, y como parte del cumplimiento de la sentencia del Juzgado de lo Social número 12 de Málaga. Así se lo comunicó ayer la dirección de Limasa -acompañada por técnicos municipales- a los representantes de los trabajadores en una reunión que desde el comité de empresa, su presidente, Manuel Belmonte, calificó como "lamentable y patética", al considerar que lo expuesto por la empresa "no queda dentro de nuestras ideas" y que dicha cantidad sería "muy insuficiente" para saldar "la deuda" con la plantilla.

No obstante, Limasa formalizará un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que se reconozca la validez de los acuerdos de fin de huelga, ya que la sentencia "ha ido más allá del conflicto planteado y ha negado eficacia jurídica a dichos acuerdos de fin de huelga: la empresa considera que la legislación vigente (RDL 17/1977 de 4 de marzo) otorga a dichos acuerdos la misma eficacia que lo acordado en convenio colectivo, y así debería haber sido recogido en el razonamiento jurídico de la sentencia, con lo que ello supone".

En cualquier caso, según precisaron en un comunicado, en tanto se resuelve el recurso, los trabajadores recibirán, en cumplimiento provisional de la sentencia, un pago a cuenta que incluirá los atrasos de las pagas de productividad 2014-2017 y de la paga de septiembre 2015-2017 así como el abono de la ayuda de diciembre 2014-2017. Desde el comité de empresa consideran insuficiente este anuncio, ya que cifran en cerca de 80 millones de euros la deuda que la empresa mantiene con la plantilla, cuantía que obtienen sumando los atrasos en la productividad, la subida salarial del 1,5% y el ahorro obtenido por la empresa en los últimos años a raíz de otras modificaciones del convenio como son la eliminación de los descansos, reparto de vacaciones, festivos, etc.

Con esto, Limasa asume que hay una sentencia y, con el pago anteriormente explicado, muestra su disposición a cumplirla provisionalmente, así como a negociar con el comité de empresa para garantizar la seguridad jurídica. Por ello, desde la empresa lamentaron que los representantes de los trabajadores abandonaran ayer el encuentro "y no hayan querido entablar diálogo, ni continuar con el calendario de reuniones que se le ha ofrecido", aunque Belmonte señaló que esto es "falso". En vista de la situación, los trabajadores han solicitado reunirse con el alcalde, Francisco de la Torre.

Por otro lado, según anunció ayer la concejal de Limasa, Teresa Porras, en el transcurso de la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental, el alcalde ya ha firmado el decreto para crear la comisión técnica que estudiará los pasos a dar para la municipalización, con lo que inicia así el proceso para hacerla pública. La conversión pública de Limasa costará al Ayuntamiento cerca de cinco millones, entre la compra de las acciones correspondientes al 51% de la sociedad -que suma unos tres millones- y la ejecución del fondo de reversión -otros dos-.