Lomeña declara por unas ayudas a las unidades territoriales de empleo

El Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga investiga presuntas irregularidades en las ayudas de fondos públicos recibidas por las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), detectadas en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía correspondiente al periodo 2010-2012. Dentro de este procedimiento ayer declaró como investigado el que fuera delegado de Empleo Juan Carlos Lomeña. El que fuera responsable provincial de Empleo hasta agosto de 2011 y al que como delegado le correspondía la presidencia de los consorcios Utedlt, el juez le preguntó por la estructura y funcionamiento de los mismos y sobre los controles que se llevaban a cabo, desvinculándose de cualquier responsabilidad en este sentido, al indicar que había otras personas que se encargaban de ejercer dichos controles administrativos, según han señalado fuentes consultadas por Europa Press.

En esta causa se investigan delitos de malversación y prevaricación. Según han informado otras fuentes del caso, al menos cuatro personas, que en ese periodo eran responsables o cargos vinculados a Empleo y relacionados con la concesión de las ayudas, han prestado ya declaración en este procedimiento, que se inició a raíz de que la Fiscalía de Málaga remitiera las diligencias practicadas. La Fiscalía malagueña comenzó a investigar en diciembre de 2014 tras el decreto de la Fiscalía Superior de Andalucía. Lo remitió al juzgado después de analizar la documentación e impulsar otras pesquisas, que confirmaron las supuestas irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas relativas "tanto a la ilegitimidad de la obtención de las subvenciones como a la falta de un control de las mismas", cuestionando también el pago de incentivos.

Los consorcios Utedlt -ya extinguidos- eran entidades con personalidad jurídica propia, participados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y por la Administración local, a través de corporaciones municipales y supramunicipales. Se crearon para fomentar el empleo local, lograr un mayor aprovechamiento de los recursos en cada zona y acercar a los ciudadanos los servicios de la Junta.

Inicialmente, se detectaron irregularidades que van desde la propia actividad subvencionada hasta "la falta del necesario control de las actuaciones" que justificarían la ayuda. La Cámara de Cuentas señalaba que, aunque los beneficiarios estaban obligados a realizar la actividad que fundamenta la concesión de aquellas, "en realidad las ayudas recibidas tenían como finalidad el sufragar los costes salariales del personal de los consorcios". En el caso de Málaga había 14 Utedlt. Se concedieron por el SAE 3,5 millones de euros en 2010, un total de 3,4 millones en 2011 y 1,7 millones en 2012.