La llave que supuestamente apareció tras una tinaja a las puertas de la casa situada en la finca Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre, la noche que Lucía Garrido fue asesinada se trata de uno de los elementos principales sobre los que gira el juicio sobre el crimen de la mujer. El resultado de las muestras de ADN extraídas de este objeto, tomadas ocho años después de la muerte, identifican al supuesto autor material del asesinato -que se enfrenta ahora a una petición fiscal de 23 años y medio de prisión-, asegura el que fuera coronel jefe de Servicio de Asuntos Internos (SAI) en ese momento durante la tercera sesión del pleito. 

En 2016, el Servicio de Asuntos Internos propuso al de Criminalística una repetición de los análisis tras el crimen de Eva Blanco, indica. En ese caso, los avances genéticos permitieron identificar en 2013 al supuesto autor material del asesinato de la joven, que tuvo lugar en 1997, en Madrid. Fue en ese momento, relata cuando se les "encendió la luz", "pensamos que no perdíamos nada" si repetían los análisis. 

Y es que explica que desde la muerte de Lucía se han llevado a cabo tres análisis de ADN. El primero se realizó en 2008, cuando la víctima fue hallada flotando en la piscina de su recinto con golpes y un corte en la yugular. "Con las técnicas de ese momento, no se detecta ADN humano". Ocho años más tarde, "hay ese positivo".

El resultado, detalla, identificó dos perfiles genéticos. El juez decidió entonces decretar el secreto de la causa y comenzaron a practicarse nuevas pesquisas. Ya se le había tomado declaración a muchas personas y no había "ningún sospechoso con fundamento" hasta que no aparece el positivo de A. V. G. que se contrastó con base de datos de otros perfiles, apunta el coronel. Posteriormente, se llevó a cabo un tercer análisis de la llave, pero ya no quedaba ninguna rastro de muestra genética, asegura.

Asimismo, el actual general jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil detalló ante el tribunal popular -encargado de emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia de los dos acusados en el crimen de Lucía Garrido- declara que las muestras que se analizan "sistemáticamente se conservan" aunque inicialmente no den un resultado positivo. "Hay protocolos establecidos para conservar la trazabilidad de todas las incidencias y mantener de custodia intacta en un proceso penal", garantiza. 

Sin embargo, serían las declaraciones de dos miembros del Instituto Armado en el anterior juicio por el crimen -celebrado en 2019-, que finalmente quedó nulo, los que sembrarían la duda. La Fiscalía cree que los ahora procesados, que ostentan puestos de comandante y capitán en el Instituto Armado y han desarrollado sus carreras en el Servicio Central de Criminalística como especialistas en biología, se pusieron de acuerdo con las defensas con el fin de "sembrar dudas en el jurado y provocar un veredicto de no culpabilidad".

"Impulsados por razones o estímulos que no se han podido determinar", el Ministerio Público los acusa de un delito de falso testimonio por supuestamente ocultar informaciones que pudieran resultar inconvenientes, así como de deformar la realidad para desacreditar las conclusiones de sus compañeros del Área de Bases de Datos, por ello les pide dos años de prisión y 12 de inhabilitación para cada uno.