La Policía Nacional ha desmantelado en España una organización responsable de una macroestafa internacional con más de 1.000 víctimas ancianas, principalmente jubilados de EEUU, que creían haber ganado la lotería.

La operación denominada Brooklyn se ha saldado con la detención de 61 personas en 24 registros en España -en las provincias de Madrid, Barcelona, Málaga y Santander- y otras 19 en Portugal y Reino Unido, donde la organización tenía ramificaciones, además de en Estados Unidos y México, informa la Dirección General de la Policía.

Se trata de un operativo conjunto con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Europol, en el que también han colaborado el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, el Department of Homeland Security norteamericano, la Policía Judiciaria portuguesa y la National Crime Agency (NCA) británica.

El núcleo de la organización internacional se encontraba entre las localidades madrileñas de Parla y Fuenlabrada, pero tenía ramificaciones en todo el territorio nacional, además de en Reino Unido, Estados Unidos y México. Los detenidos pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha explicado que los investigadores estiman que la organización logró estafar a más de 1.000 víctimas, principalmente a personas mayores con residencia en Estados Unidos, y que se trata de una de las mayores organizaciones criminales dedicadas a esta modalidad delictiva. 

La investigación se inició a finales del año 2019 cuando los agentes detectaron paquetería procedente de EE.UU. con elevadas cantidades de dinero oculto en el interior de revistas. 

Cartas simulando premios de lotería

La organización encargaba a una copistería de Fuenlabrada la impresión masiva de las cartas simulando premios de lotería o de otro tipo así como herencias de familiares no reclamadas. Se imprimían de dos maneras, bien con el nombre y apellidos de las víctimas, o bien de manera generalizada y después adquirirían las etiquetas individualizadas con los datos personales y dirección para colocarlas en los sobres. 

Tras esto, se trasladaban a Portugal con maletas a través de turismos o autobuses para enviarlas de manera masiva, puesto que el coste del servicio era más bajo que en España. Los investigadores calcularon que el gasto aproximado en todas las cartas enviadas podría ascender a 500.000 euros. 

Las víctimas, siempre personas de edad avanzada y jubiladas, contactaban con el teléfono que figuraba en las cartas, desde donde les realizaban un pequeño cuestionario para conocer su poder adquisitivo, engañándolas hasta que creían que habían sido las agraciadas. Les informaban que para poder reclamar el premio debían abonar una cantidad inicial en concepto de tasas e impuestos burocráticos llegando los afectados a desembolsar entre 1.000 y 30.000 euros. 

La organización tenía un sistema de ocultación del beneficio que consistía en ordenar a sus víctimas que remitiesen el supuesto pago de las tasas mediante transferencia a otra posible víctima. A ésta le hacían creer que se le prestaba para que pudiera completar su pago. 

Así, extraía el dinero prestado y, junto a lo que ella podía reunir, lo enviaba en metálico a un tercero, también víctima, que lo remitía a su vez a un miembro de la organización en España siendo éste el destinatario final. El dinero iba oculto en revistas o catálogos que fueron interceptados por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, gracias a sus controles y alertas de movimientos de la paquetería en las aduanas. 

Una vez tenían en su poder el dinero, lo enviaban a su país de origen a través de personas del entramado dedicadas a viajar, conocidas como "mulas" escondiéndolo en el equipaje o en tarjetas monedero.

Un total de 80 detenidos

De los 80 detenidos, 61 han sido en España, 16 en Portugal y tres en Reino Unido, mientras que se han realizado 24 registros en España, 26 en Portugal y tres en Reino Unido. 

Los registros en España han tenido lugar en los municipios madrileños de Parla y Fuenlabrada, en Santander y en la localidad malagueña de Benalmádena. Los arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El número de víctimas identificadas supera las 400 pero se estima que puede llegar a haber más de 1.000 en todo el mundo. 

En la operación han colaborado el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, el Department of Homeland Security norteamericano, la Policía Judiciaria portuguesa y la National Crime Agency británica.