El Ayuntamiento de Málaga va a solicitar a la Junta de Andalucía que modifique el actual reglamento para impedir que una VPO, ya sea total o parcialmente, pueda ser destinada por sus propietarios a alquiler con fines turísticos. Un ajuste normativo que, según informaron ayer desde la Consejería de Fomento y Vivienda, ya se está tramitando. La reacción del equipo de gobierno del PP, que podría formalizarse en una moción al próximo Pleno, se produce después constatar que la norma que rige el Registro Turístico de Andalucía (RTA) incluye como posibilidad de incluir en el registro autonómico una vivienda protegida no en su totalidad pero sí por habitaciones. Es decir, abre la puerta de par en par a que cualquier propietario de un piso social destine una o varias habitaciones al arrendamiento turístico.

En concreto, reconoce que una casa de este tipo no podrá destinarse a ese fin "tipo completa", pero sí avala "la puesta a disposición de alguna habitación con finalidad turística, siempre que el uso principal de la vivienda sea el de vivienda habitual y permanente por su propietario". La reticencia municipal encuentra su base, justamente, en el carácter social y a precio asequible de los inmuebles de esta naturaleza y al hecho de que los adjudicatarios de los mismos no solo se benefician de unos costes de compra inferiores a los del mercado libre, sino además de una serie de ayudas públicas para el acceso a la adquisición de la vivienda. A pesar de ello, la norma que regula el marco de las viviendas turísticas no fija límite alguno a aquellos que deseen sacar provecho económico del alquiler de una VPO, especialmente ventajoso en un escenario temporal en el que el boom de este tipo de alojamientos es una realidad.

Turismo enviará un inspector para comprobar el caso de la calle Nosquera

Sobre ello, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, admite sus dudas al respecto. "Me preocupa que hemos descubierto esto; éticamente, sin quitar que a la gente le puede venir bien económicamente, hay que reaccionar; una cosa es que puedas compartir tu piso, vale, o compartir gastos con un estudiante, pero de ahí a ponerlo como apartamento turísticos para que te pague la casa entera, me parece que no", dijo el edil, que ha pedido a los servicios municipales que se estudie este asunto para presentar una enmienda ante la Administración regional.

La secretaria general de Vivienda de la Junta, Catalina Madueño, confirmó a este periódico que actualmente se está tramitando una modificación del reglamento de vivienda protegida con el fin de regular esta situación. "Hay una modificación del reglamento a la que le queda muy poco que va a prohibir el uso turístico de habitaciones", expuso, confiando en que esta variación sea publicada en un corto plazo. De hecho, precisó que está pendiente del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.

Los movimientos ahora producidos se producen justo cuando el Ayuntamiento acaba de denunciar ante el Gobierno andaluz la existencia de un propietario de una VPO en la promoción pública de calle Nosquera (situada en el Centro histórico de la capital) que el pasado 4 de abril registró su piso "con fines turísticos". En concreto, lo que llega a demandar el Ejecutivo local en su escrito, al que tuvo acceso este periódico, es que se realice la investigación oportuna sobre este caso, así como a tomar las medidas que correspondan.

Se da la circunstancia, además, de que al parecer la información aportada por el propietario a la Consejería de Turismo para garantizarse la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía no era del todo cierta. "Informó de que era una vivienda compartida, cuando en realidad es de una sola habitación", expuso Pomares tras consultar el caso concreto. A este respecto, desde la Consejería de Turismo confirmaron, ante la reclamación municipal, que se va a enviar un inspector para que compruebe la situación en la que se encuentra está vivienda. Y, apuntaron, que de confirmarse que existe un uso inadecuado será excluida del registro andaluz.

La promoción de VPO de la calle Nosquera supuso una inversión de unos 5,7 millones de euros, acoge un total de 33 viviendas sociales, de entre 1 y 3 dormitorios; un aparcamiento con 109 plazas para residentes; locales comerciales, y un centro de emprendedores. Uno de los valores añadidos de esta actuación es la localización del inmueble, en pleno Centro histórico.