El endurecimiento con el que el Ayuntamiento de Málaga empieza a mirar la actividad de las empresas de alquiler de patinetes eléctricos es evidente. De un papel sumiso ante un fenómeno creciente, el Ejecutivo local pasa ahora a adoptar un posición de mayor intervencionismo. Y no sólo en lo que a la regulación de estos vehículos se trata, relativamente ordenada mediante un bando vigente desde el pasado mes de abril.

La intención del equipo de gobierno es que la modificación de la Ordenanza de Movilidad en la que se está trabajando desde hace meses, cuyo texto podría estar listo para ser tramitado en octubre, incluya una tasa a la que deberán hacer frente las compañías por los costes de funcionamiento de la grúa en la retirada de los vehículos estacionados en zonas inadecuadas.

"Que lo paguen las empresas o el cliente, pero alguien va a tener que pagar la retirada de la grúa", asegura de manera categórica el concejal de Movilidad, José del Río, quien deja claro que el modelo actual no puede continuar. "No vamos a estar llevándonos los patinetes y después devolviéndolos sin más; vas a tener que pagar por la retirada como cuando se retira un vehículo que se estaciona mal".

Ello supone una novedad evidente en el modo de actuar por parte de la Administración local. Muestra de ello es que el bando firmado por el alcalde, Francisco de la Torre, a principios de abril sólo advertía de la imposición de multas de 200 euros por cada patinete mal aparcado que fuese retirado por la Policía Local y la grúa, pero eludía cualquier penalización por la recuperación de los mismos del depósito municipal.

Y es justo este punto el que ahora quiere ser cambiado. Los técnicos estudian el valor de la citada tasa, cuya aplicación vendrá a igualar el modus operandi que tiene el Ayuntamiento con cualquier usuario al que la grúa retira su vehículo por estar mal estacionado, por ejemplo. Del Río confirma este paso adelante, ya apuntado por el propio De la Torre días atrás. Pero no es el único aspecto en el que se quiere ser exigente con las empresas.

Otra de las cuestiones que se reclamará a las compañías que aún mantienen su actividad en la capital de la Costa del Sol, con una flota de unos 2.500 vehículos, es que dispongan de una sede física en la capital, de manera que el Ayuntamiento pueda remitir de manera directa todos los expedientes sancionadores a ese emplazamiento.

"Van a tener que tener un local donde atender directamente al cliente; vamos a intentar que no sea solo por una plataforma o red social; el patinete va a tener que pasar unas garantías, va a tener que tener un seguro, va a tener que tener un sitio al que poder dirigirse para poder sancionar de manera directa a la empresa", agrega el edil, al frente del área municipal desde el arranque del mandato.

Del Río es claro al describir la posición que tiene que tener el Ayuntamiento. "No podemos estar sancionando y que aparezca la titular de la empresa en no sé qué país; tienen que tener puntos de contacto, alguien que se responsabilice de la seguridad del patinete", apostilla. Los datos oficiales de la Policía Local cifraban en 263 los patinetes retirados de la calle 88 días después de que entrase en vigor el bando. Un periodo en el que se impusieron más de 330 multas.