Málaga se suma al ya amplio listado de municipios que trata de poner restricciones a la instalación de casas de apuestas, bingos y salones recreativos. Tal y como se anunció a mediados de semana, la Junta de Gobierno Local dio ayer luz verde a la modificación del planeamiento urbanístico para impedir que este tipo de negocios esté a menos de 500 metros de colegios, parques y espacios deportivos, ya sean públicos o privados.

Una medida con la que se busca reducir el riesgo de adicción que actualmente padece la población joven. A la espera de que el ajuste urbanístico quede consolidado, el Consistorio da luz verde igualmente a la suspensión por un año de nuevas licencias a estos establecimientos.

Pero el camino ahora iniciado no parece que vaya a estar exento de obstáculos. Uno de los principales, el de la Junta de Andalucía. Sin mayor concreción de momento, no parece que la posición de la Administración autonómica con el movimiento realizado por la capital de la Costa del Sol vaya a ser distinto del que ya ha tenido con otras localidades que han decidido actuar del mismo modo.

Muestra de ello es lo ocurrido a principios del pasado mes de febrero, cuando el Gobierno andaluz decidió recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Cádiz para modificar el planeamiento urbanístico para limitar la apertura de casas de apuestas en determinados puntos de la ciudad.

Es justamente esto lo que podría ocurrir con Málaga. Trasladada la consulta, desde la Consejería de Hacienda respondieron que será en el momento en que se conozcan las medidas que sean aprobadas por el Pleno municipal cuando "los servicios jurídicos las estudiarán y se actuará en consecuencia".

Una protesta contra la instalación de casas de apuestas en Málaga.

Al tiempo, se remitieron a la posición ya explicada por el consejero, Juan Bravo, hace algunas semanas en el Parlamento andaluz. En la nota informativa remitida se señala de manera explícita que las competencias en materia de juego y apuestas corresponden "en exclusiva" a la comunidad autónoma, por lo que "los ayuntamientos no pueden regular distancias mínimas o límites en la apertura de establecimientos de juego". Y agrega: "De ahí que la Consejería, que ostenta las competencias de juego presencial en la comunidad, haya informado a los municipios que promueven cambios en sus PGOU que no pueden desarrollar ese tipo de actuaciones porque no tienen las competencias para ello". 

En la misma respuesta, se apunta que el departamento regional está ultimando la tramitación de un Decreto que modificará el Reglamento de establecimientos de juego, en el que se recogerá que las nuevas aperturas deberán mantener una distancia mínima de 150 metros de los accesos a colegios e institutos a partir de su entrada en vigor. En la información trasladada no se hace mención a otros equipamientos, caso de espacios deportivos, o parques y zonas infantiles.

A pesar de ello, el equipo de gobierno sigue adelante con sus planes, al entender que la competencia sobre la localización de este tipo de negocios es municipal. El objetivo que se marca el Ejecutivo encabezado por Francisco de la Torre es establecer una regulación más restrictiva en cuanto a la situación en la que se podrían implantar este tipo de actividades recreativas, minimizando así el acceso a éstas de la población más joven y vulnerable.

La nueva redacción del PGOU establecerá que los salones recreativos y de juegos, así como bingos, casinos, casas de apuestas y negocios de esta índole, no puedan instalarse a menos de 500 metros de distancia de zonas verdes públicas y de parcelas y/o edificios públicos y privados destinados total o parcialmente a uso educativo, deportivo o servicios de interés público y social. También se incluiría la restricción relativa a la distancia mínima que debe existir entre establecimientos del mismo tipo, que sería del mismo modo 500 metros, además, concretando su ubicación exclusivamente en la planta baja de los edificios.

Con el fin de propiciar la adecuada coordinación interadministrativa del acuerdo de formulación aprobado por la Junta de Gobierno Local, se dará traslado a las delegaciones territoriales de las Consejerías de Educación y Deporte; Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; Hacienda y Financiación Europea y a la de Salud y Familia, para que, si lo estiman pertinente, examinen el expediente y formulen sugerencias, o en su caso, planteen otras alternativas.

De la incidencia que la actividad de casas de apuestas, bingos y salones recreativos tiene sobre la juventud son testigos en la Asociación Malagueña de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Amalajer), cuyo presidente, Francisco Abad, confirmaba que son muchos los jóvenes de entre 18 y 25 años que acuden al colectivo en busca de ayuda. "La franja de edad ha bajado mucho", subrayaba, apuntando que suelen acumular deudas muy importantes.