Málaga estudia aumentar las ayudas al alquiler ante el boom de los precios

El imparable crecimiento de los precios de alquiler residencial en Málaga no sólo lastra de manera significativa la labor del Ayuntamiento en la respuesta que ofrece a muchas familias en estado de "emergencia social" por no disponer de alojamiento, sino que ahora le va a obligar a estudiar de manera profunda la base sobre la que aprueba sus medidas de apoyo. Una de las iniciativas más significativas en esta nueva hoja de ruta, forzada por el 'boom' de la vivienda turística y por la escasez de oferta de alquiler, pasa por incrementar la ayuda económica que en la actualidad se ofrece a estas unidades familiares para aliviar la carga que supone arrendar un piso.

La realidad, ya constatada por los propios responsables municipales, es que los 450 euros que, de partida, se otorga a personas con especiales necesidades para este fin han quedado muy lejos de los actuales valores de mercado. Ante esta evidencia, las áreas de Derechos Sociales y de Ordenación del Territorio y Vivienda están analizando la posibilidad de elevar estas aportaciones a entre 550 y 600 euros. Así lo confirmó el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, quien admitió que se trata de un asunto aún por determinar.

Sea como fuere, el efecto del incremento de los valores del sector inmobiliario, convirtiendo a la capital de la Costa del Sol en uno de los puntos donde es más caro el arrendamiento (según el Sindicato de Inquilinas, en mayo de 2017, el alquiler medio mensual de un piso de 100 metros se situaba en los 803 euros), queda plasmado en el hecho de que el plan de ayuda al alquiler está viendo como muchas familias que fueron seleccionadas para el otorgamiento de esta ayuda se ven incapaces de hacerla efectiva porque no encuentran un piso adecuado a sus posibilidades.

La iniciativa municipal se puso en marcha a finales del año 2015, con una vigencia prevista inicialmente hasta el presente ejercicio. El valor total se sitúa en 8.580.000 euros. La finalidad es ofrecer a las personas con necesidades urgentes una vivienda en alquiler del mercado, cuya renta es abonada por el Instituto Municipal de Vivienda con la colaboración de las propias familias. Para ello, se plantea un programa de pagos mediante el que la suma a aportar por el Consistorio va descendiendo de manera paulatina.

Así, durante el primer semestre de la colaboración, la familia se beneficia del cien por cien de la ayuda, en este caso de un máximo de 450 euros; en el segundo semestre, la ayuda será del 90% del tope, con un límite de 405 euros al mes, debiendo la familia sufragar la diferencia. Con esta estrategia, se garantiza una aportación durante tres años. Precisamente, el plan marcaba la necesidad de que el valor de los arrendamientos mensuales fuese de un máximo de 450 euros, una cifra muy por debajo de los valores que en este momento se manejan en muchos de los barrios de la capital.

Junto a esta primera iniciativa, los dos departamentos municipales también trabajan en "actualizar" las condiciones mínimas exigidas para la compra de viviendas por parte del Ayuntamiento y su incorporación al patrimonio municipal. Este plan de adquisición, exitosos en los años 2014, 2015 y 2016, con la compra de 44 pisos, se vio frenado en seco el año pasado, al punto de que los 750.000 euros reservados para este fin no pudieron gastarse porque no encontraron propietarios interesados en desprenderse de sus inmuebles por el máximo tasado por el Consistorio, 60.000 euros. A modo de ejemplo, el concejal de Derechos Sociales, y de Carretera de Cádiz, Raúl Jiménez, apunta que un piso que hace unos años podía costar en la zona oeste unos 60.000 euros ahora puede estar por encima de los 80.000. Y ello invalida otra de las líneas de acción dibujadas por el Ayuntamiento para atender a familias con necesidades urgentes de alojamiento.

Es por ello por lo que el debate también se abre en este sentido, analizándose la posibilidad de modificar esa base de 60.000 euros e incrementarla para hacer factible la adquisición de pisos. Sobre ello, Pomares admite que se trata de una cuestión aún por abordar y si bien elude poner un valor económico de referencia, apunta que en Sevilla, por ejemplo, "se ha lanzado este año a comprar pisos y lo ha puesto a 98.000 euros máximo".