ESTE 17 de octubre, es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y desde CCOO queremos recordar que hay quienes nacen pobres y mueren pobres, quienes se pasan la vida diciendo “Virgencita, que me quede como estoy”, y quienes saborean los placeres terrenales con la alegría que da saber que ni la subida de los precios de la luz, ni de los alimentos, ni siquiera la inflación subyacente, van a hacer tambalear los dígitos de su cuenta corriente. De estos últimos hay pocos, pero concentran mucho. Solo el 1% de los españoles más ricos posee un 24,2% de la riqueza patrimonial del país, mientras que el 50% más pobre dispone nada más del 6,7%, esto da la medida de la desigualdad en el reparto de la riqueza.

La pobreza tiene muchas caras: hay pobreza estructural, riesgo de pobreza, nuevos pobres, pobres de solemnidad, pero todos guardan un elemento en común, la incapacidad de afrontar los gastos que supone cubrir las necesidades básicas del día a día.

En España, ya veníamos siendo pobres y no fue por casualidad. Las políticas de recortes del Gobierno del PP, al frente durante la crisis económica y financiera, el rescate a la banca con dinero público por más de 122.000 millones de euros en el 2011, la Reforma Laboral del 2012, que dio lugar a contratos más cortos, salarios más bajos, que facilitó los despidos y aumentó la temporalidad, han sido el caldo de cultivo que ha hecho florecer una estructura social cada vez más empobrecida y que no ha tenido capacidad de reacción ante la siguiente crisis sobrevenida, la Covid-19. Y cuando parecía que conseguíamos remontar la situación económica y laboral, con el esfuerzo de todas y todos y con las medidas de protección social puestas en marcha por el Gobierno central de coalición, llega la guerra de Ucrania, la subida de la electricidad, gas, carburantes, alimentos, una inflación disparada que ha vuelto a noquear la capacidad económica de las familias.

La respuesta de los hogares ante acontecimientos imprevistos y con graves consecuencias económicas y sociales como las anteriormente mencionadas, está supeditada a muchos factores, entre ellos la situación laboral, la protección social y la actividad económica y productiva del territorio.

La provincia de Málaga, con una gran dependencia del sector servicios y concretamente del turismo, ofrece datos de empleo muy ligados a la estacionalidad del sector y también a la parcialidad de los contratos. Tenemos una tasa de paro del 17,76%, 5,28 puntos por encima de la media nacional.

La parcialidad ocupa un 26% de los contratos y es la mujer la que soporta el 67% de dicha parcialidad con salarios por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) y en cuanto a los salarios medios anuales, son inferiores a la media nacional en 3.557 euros.

Si hablamos de la pensiones, Málaga registra 277.798 pensiones contributivas y la pensión media se sitúa en 992,38 euros al mes. El 69% de las pensiones contributivas están por debajo del SMI y son las mujeres las afectadas en un 60%.

Este conjunto de características configuran el mapa social en la provincia de Málaga, estando alineado con el resto de las provincias de Andalucía y hacen que esta comunidad autónoma sea la que lidere a nivel nacional las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social.

Para CCOO, es imprescindible una subida salarial gradual, con cláusulas de garantía del poder adquisitivo que eviten el deterioro de la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora y contribuyan a debilitar la demanda interna en este clima de incertidumbre internacional. Por ello, consideramos necesario que se firme un Pacto de Rentas en el que se reparta el coste de la inflación de forma equitativa entre las personas trabajadoras y las empresas con el objetivo de frenar la subida de precios.

Por otro lado, la protección social, el escudo social es una herramienta indispensable que define la fortaleza de los gobiernos y que protege a las personas susceptibles de encontrarse en situación de vulnerabilidad. Para ello, el Gobierno central debe de continuar mejorando el número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, tiene que controlar los precios del sector energético, un sector que ha generado más de 6.500 millones de beneficios durante el 2021 mientras el precio de la luz se duplicaba para los hogares y para las empresas. En definitiva, hay que seguir en la línea con las medidas anticrisis que va poniendo en marcha este Gobierno de coalición, y al Gobierno de la Junta de Andalucía hay que recordarle que los discursos triunfalistas que proclama son ajenos a la realidad social que viven la mayoría de las familias