Málaga impulsa este año sólo 102 VPO para 10.000 demandantes

La capacidad del Ayuntamiento de Málaga para promover la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) se desploma en la misma proporción en la que escasea la financiación por parte de las entidades bancarias. Con el grifo cerrado por parte de los bancos, el Instituto Municipal de la Vivienda y la Sociedad Municipal de la Vivienda, los dos entes de los que dispone el Consistorio, apenas van a poder impulsar este ejercicio 102 pisos a precio asequible en la capital, previéndose su entrega en 2014. Datos que contrastan con la existencia de una demanda que roza las 10.000 personas, de las que del orden de 7.000 tienen menos de 35 años.

Esta es la fotografía en blanco y negro que resume la gestión residencial del equipo de gobierno del PP, cuyos máximos responsables acudieron ayer al barrio de La Trinidad para colocar la primera piedra de sendas promociones, de cinco pisos cada una, reservadas para jóvenes de menos de 35 años, a las que, previsiblemente en un mes, se sumará el comienzo de otro bloque con otras cinco unidades residenciales. Todas ellas, como precisó el alcalde, Francisco de la Torre, en alquiler con opción a compra. Una fórmula que gana enteros frente a la venta ante la incapacidad de muchos de los adjudicatarios para conseguir que las entidades financieras se subroguen de las hipotecas de adquisición.

Junto a estas tres actuaciones en La Trinidad, el área de Vivienda municipal tiene en estos momentos ante sí un mapa de actuaciones cuasi desierto. En el mismo apenas se asoman otras tres intervenciones: calle Nosquera, actualmente en proceso de licitación de las obras, donde se levantarán 32 viviendas en régimen general y en venta; 17 en la calle San Félix Cantalicio, en alquiler con opción a compra, y otras 38 en la calle Carril, también en régimen de arrendamiento, pero reservadas a mayores de 65 años.

Los pisos a los que ayer se dio el pistoletazo de arranque obligarán a sus futuros ocupantes a asumir un alquiler mensual durante siete años que rondará los 300 euros, teniendo la posibilidad después de adquirirlos, compensando en el precio final de compra la mitad de lo abonado en el arrendamiento. Las superficies de estas unidades oscilarán entre los 40 y los 70 metros cuadrados, con entre 1 y 3 dormitorios.

Esta realidad contrasta con las instantáneas a color que se pudieron tomar en 2006, cuando la situación de bonanza económica permitió ejecutar las alrededor de 1.600 viviendas sociales de Soliva, de las que aún hoy quedan por ocupar varias decenas.

El regidor del PP vinculó el avance en esta materia "en la capacidad de respuesta positiva de los bancos y las cajas a las peticiones que hagamos". Una respuesta que por el momento se sigue esperando en la Casona del Parque para poder acometer la que viene siendo una promesa municipal de hace años: la promoción de 1.001 VPO del sector Universidad. A pesar de que se acumulan ya casi dos ejercicios desde que se iniciaron los contactos con las entidades financieras, el equipo de gobierno del PP sigue sin tener hoy firmado uno solo de los préstamos solicitados para actuar en estos suelos.

Sin atreverse a poner fechas de inicio, De la Torre dijo ayer que existe "comprometida financiación para las primeras 170 viviendas". Pero el crédito que se negocia con Unicaja no es aún una realidad, por lo que el regidor eludió indicar cuándo sería posible sacar a concurso la ejecución, si bien confió en que pueda ser este año. Para lograr impulsar este nuevo barrio, el Ayuntamiento ha mantenido contactos con tres cajas y bancos, así como del Instituto de Crédito Oficial (ICO), al objeto de que aporten el dinero necesario para la construcción de las nueve edificaciones en las que está dividida la promoción de Universidad.

En un inicio se dijo que la entidad malagueña había mostrado su disposición a financiar tres de las edificaciones, por casi 40 millones de euros; sin embargo, de esta estimación se ha pasado hasta el momento a una sola; BBVA iba a actuar sobre otras dos; La Caixa, en otras dos, quedando en manos del ICO las restantes actuaciones. Toda esta intervención residencial está valorada en unos 97 millones.