Los propietarios de viviendas de Málaga capital cada vez ven con mejores ojos la opción de alquilar sus inmuebles con fines turísticos. Tanto es así que sólo en los últimos cinco años la cantidad de propiedades destinadas a este menester por los cauces legales ha crecido en 6.000 unidades, lo que haría un total de 10.660 a fecha de 2023 (una subida del 160%). Sin embargo, quedan fuera de este cálculo aquellas que hacen lo propio al margen de la ley, que el viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, cifra en más de 3.000, acorde a lo recogido en estudio elaborado de forma conjunta entre la Universidad de Málaga y la Junta de Andalucía fechado en 2020. 

Esto quiere decir que, si la cantitad no ha sufrido grandes cambios, habría algo más de un 30% de pisos turísticos ilegales respecto a lo que si lo son. "Cada piso turístico es una vivienda en regimen residencial menos", ha comentado Sguiglia. A lo que añadido que hacen falta medidas municipales, dado que la situación se ha tornado en "una jungla", y también que estas viviendas hacen que "el precio de la oferta residencial aumente, se reduzca la oferta y se generen problemas de convivencia". 

Ante esto, Sguiglia ha adelantado que en el próximo pleno su grupo municipal presentará una moción para que se pueda luchar desde la esfera municipal contra los apartamentos turísticos ilegales. Tanto de manera on line, esto es, "cotejando el registro de las plataformas inmboliarias con el registro de la Junta", como a través de inspecciones presenciales.

Un plan que, apoyándose en lo ocurrido en Barcelona hace unos días, donde el Ayuntamiento sancionó con más de 600.000 euros al operador ilegal más grande de la ciudad, haría que "se amortizase rápido" e incluso, debido al volumen de sanciones que Sguiglia vaticina, que "se generen ingresos". 

Sguiglia anunciando las propuestas de Con Málaga para regular los pisos turísticos, este martes.

Aunque lo cierto es que la regulación lleva siendo tema de debate en muchos ayuntamientos del país desde hace años, toda vez que algunas adminsitraciones municipales (incluyendo el consistorio malagueño) han supeditado ciertas actuaciones a normas de mayor alcance.

En concreto, Málaga espera poder actuar en profundidad cuando se apruebe el decreto regulación de viviendas turísticas de la Junta, que sólo está a la espera de recibir el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y del Consejo Económico y Social, y se prevé que se apruebe a mediados de enero. Pero Sguiglia asegura no querer esperar porque éste "no llega". Y ha afirmado que "los ayuntamientos tienen potestad para hacer programas de inspección". 

Asimismo, ha valorado positivamente una reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala la capacidad de las comunidades de vecinos para determinar el uso de los edificios, basándose en sus propios estatutos.